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Justicia argentina confirma procesamiento de expresidenta

© AP Photo / Victor R. CaivanoCristina Fernández de Kirchner, expresidenta de Argentina
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BUENOS AIRES (Sputnik) — La Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina confirmó el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la causa que investiga las operaciones de venta de dólar a futuro realizadas por el Banco Central en los últimos meses de su gestión, confirmaron a Sputnik fuentes judiciales.

"La Cámara Federal ratificó procesamiento de la exmandataria", señalaron las fuentes.

El Banco Central, con la intervención de la Comisión Nacional de Valores, y "siguiendo instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional (…), vendieron en un muy breve período de tiempo un volumen descomunal de contratos de futuros en dólares a valores ficticios", señala el fallo de la Cámara al que accedió esta agencia.

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Además de ratificar el procesamiento de la exmandataria, el tribunal confirmó el procesamiento de otras 14 personas, incluyendo al exministro de Economía, Axel Kicillof, y al expresidente del Banco Central, Alejandro Vanoli.

La sala II de la Cámara Federal también confirmó el embargo sobre los bienes de los procesados hasta un total de 15 millones de pesos (1 millón de dólares).

"Hay pruebas suficientes para sostener que, en concreto, Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof tomaron parte central en la decisión de dar curso a la maniobra de defraudación contra el patrimonio del BCRA [Banco Central de la República Argentina]", sostuvo el magistrado Eduardo Farah en unas consideraciones que incorporó al fallo.

Aunque el BCRA es un organismo autónomo de acuerdo a sus estatutos, "la misma ley establece que el banco deberá actuar 'en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional'", añadió el juez.

Argumentos del tribunal

En una resolución emitida en septiembre de 2015, el directorio del BCRA aumentó de 10.000 a 15.000 millones de dólares el límite de las posiciones abiertas con las que podía operar.

"Pocos días después —el 27 de octubre— las posiciones abiertas de la entidad trepaban a 13.729 millones de dólares, correspondiendo 616 millones de dólares a los bancos y 13.113 millones de dólares al sector no financiero", sostiene el fallo.

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Días después, la entidad monetaria volvió a aumentar el límite a la suma de 20.000 millones de dólares, y aumentó "el porcentaje de las garantías al 20% para todos los mercados y en pesos".

Ese aumento a las posiciones abiertas, junto a "la forma agresiva de intervención de la entidad bancaria en el mercado de futuros —exclusivamente a la venta y en su mayoría antes del cierre diario— es demostrativo que la finalidad no fue regular sino manipular", sentencia la Cámara.

En la resolución, de 29 páginas, los jueces del tribunal señalaron que la entidad financiera puede intervenir en los mercados a futuro pero realizando operaciones que estén "a precios de mercado".

"Sin embargo, los elementos recabados en autos dan cuenta que los valores que reflejaron las operaciones concertadas por el BCRA no eran aquellos a los que se refería la ley", añadieron.

No obstante, la Cámara reconoció que "las responsabilidades penales aquí discernidas seguirán siendo materia de discusión", al haberse puesto en entredicho la decisión de judicializar una medida de carácter económico que adoptó la anterior gestión.

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Pero asumiendo la hipótesis delictiva, el tribunal concluyó que la exmandataria "hizo uso de una estructura de poder que presidía en razón de su cargo, para implementar una operatoria que vulneró las arcas públicas".

Con el fallo de la Cámara Federal, el procesamiento de la exmandataria ha quedado en firme, por lo que el juez Claudio Bonadío, responsable de la causa, podrá seguir con las pesquisas.

La expresidenta, que dejó el poder en diciembre de 2015, está imputada en otras tres causas.

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En dos se investigan presuntas irregularidades que se cometieron a través de la empresa hotelera Hotesur y la sociedad inmobiliaria Los Sauces, ambas propiedades de la familia Kirchner.

En la tercera se investiga a Fernández de Kirchner por las obras públicas realizadas en la provincia de Santa Cruz (sur) que fueron adjudicadas al empresario Lázaro Báez, detenido durante su gestión y en la de su marido, el fallecido expresidente Néstor Kirchner (2003-2007). 

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