"En cualquier proceso las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. El abuso de la privación de la libertad en este caso es de manera ostensible, para tener un efecto político", dijo a Sputnik Estela Díaz, coordinadora del Comité. La iniciativa reúne a más de 200 organizaciones y personalidades en defensa de la líder social de izquierda de la provincia de Jujuy, al norte de Argentina. Amnistía Internacional, que también participa en la campaña, presentó el caso ante la ONU a principios del año.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU observó que no hay evidencias de "riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad". El grupo de expertos, constituido en 1991 por iniciativa del Consejo de Seguridad, afirmó que "el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala".
"Hay 12 presos políticos por causas que son increíbles", afirmó Díaz y ejemplificó con el caso de una detenida acusada de encubrir la actividad de un imputado que sigue libre. Responsabilizamos al Gobierno nacional de [Mauricio] Macri, que efectivamente debe garantizar el Estado de derecho y los tratados de derechos humanos firmados por Argentina", aseveró Díaz.
En declaraciones a la prensa argentina, el secretario de Derechos Humanos del país, Claudio Avruj, señaló que el Gobierno fue formalmente notificado y que la solicitud del grupo de la ONU sería trasladada al Tribunal Superior de Jujuy. "Estamos estudiándolo, porque no es vinculante, queremos responder esas observaciones porque entendemos que hay cosas que no fueron tomadas en cuenta", consideró.
