Ecuador presenta en la ONU avances a favor de personas privadas de libertad

QUITO (Sputnik) — El Gobierno de Ecuador presentó ante el Comité Contra la Tortura de la ONU sus avances en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas privadas de libertad.

"En nombre del Estado ecuatoriano, quiero expresar la satisfacción de nuestro Gobierno por estar aquí, cumpliendo los mandatos establecidos en la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes", dijo la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, quien representó al Gobierno en la reunión que tiene lugar en Ginebra.

La funcionaria destacó que Ecuador es signatario de 57 instrumentos internacionales en la materia, tanto en Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano, lo que "permite afirmar que es una nación que cumple, respeta y promueve el ejercicio de los derechos fundamentales", señala el comunicado del Ministerio de Justicia.

Zúñiga explicó que en 2011 Ecuador creó el "Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura", una herramienta para verificar el respeto a los derechos humanos en los centros de privación de libertad, unidades de investigación, recintos policiales y militares.

Este mecanismo está a cargo de la Defensoría del Pueblo, a la que se le asignó un monto de 14,37 millones de dólares para gastos administrativos y para impulsar proyectos relacionados con esta materia.

En 2013, el primer informe de este mecanismo, que fue utilizado en 17 centros de privación de la libertad, "reflejó que el trato que las autoridades y personal de custodia dan a las personas privadas de la libertad garantiza su integridad personal y asegura condiciones básicas para su desarrollo integral y rehabilitación".

Además de esta herramienta, se incorporaron manuales de convivencia de obligatorio cumplimiento para funcionarios públicos y otras personas que ingresan o visitan los centros de privación de la libertad.

Asimismo, la ministra mencionó que en los últimos tres años, el Gobierno del Ecuador, a través del Ministerio de Justicia, aplica un nuevo modelo de gestión penitenciaria para "dignificar, estandarizar y democratizar las condiciones en las que conviven las personas privadas de la libertad y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos fundamentales".

Según datos oficiales, el Gobierno Nacional invirtió en los últimos cuatro años 340 millones de dólares para la construcción de tres centros de rehabilitación social, con una capacidad adicional de 12.074 nuevas plazas, "así como la repotenciación y adecuación de los centros de privación de libertad del país".

Se cuenta también la reconstrucción integral de la Expenitenciaria del Litoral, ubicada en Guayaquil, el segundo mayor centro penitenciario del país, con 4.800 plazas.

Zúñiga manifestó que con la nueva infraestructura se redujo el hacinamiento en el Ecuador, al pasar de una tasa de hasta 500% de hacinamiento en algunos centros en 2014 a una de 0,24%.

La secretaria de Estado expresó que "estas nuevas condiciones para la atención de las personas privadas de libertad disminuyeron la violencia en el interior de los centros (agresiones internas, grescas y motines), generando espacios que permiten garantizar una verdadera rehabilitación social".

En junio pasado Ecuador también presentó la defensa del informe sobre la aplicación del "Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos".

La delegación ecuatoriana en Ginebra está encabezada por Zúñiga e integrada por Mauro Andino, parlamentario nacional y presidente de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado; Freddy Peñafiel, viceministro de Educación; Francisco Bonilla, director nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, entre otros.