Esta depuración "no va a servir para terminar con la corrupción", sino "para hacer que estos asuntos se vayan olvidando un tiempo y buscar mecanismos para evitar la sanción penal de quienes controlan el crimen", señaló Wilfredo Méndez, director del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (CIPRODEH).
El Gobierno, presidido por Juan Orlando Hernández, nombró como miembros de la Comisión Especial para la Depuración y Transformación de la Policía Nacional al titular de la Secretaría de Seguridad, Julián Pacheco, al dirigente de la sociedad civil Omar Rivera, al pastor evangélico Alberto Solórzano y a la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales.
La decisión de crear ese grupo se produjo después de que el diario estadounidense The New York Times revelara que altos mandos de la policía estaban involucrados en el asesinato de Julián Arístides González, titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, ocurrido en 2009 a pedido de un narcotraficante.
A través de denuncias anónimas, el Ministerio Público hondureño también comenzó a investigar expedientes que vinculan a más policías como parte de una red criminal y que estarían relacionados con los asesinatos del fiscal Orlan Chávez en 2013 y del exasesor de la Secretaría de Seguridad, Alfredo Landaverde, en 2014, añade la prensa local.
Además de esos crímenes, el asesinato en 2011 del hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, y un amigo de este a manos de la policía conmocionó especialmente al país, ya que evidenció la corrupción de las fuerzas del orden público.
Mayor efectividad
Teniendo en cuenta ese contexto Méndez insiste en que no solo hay criminales dentro de la policía, sino que ese cuerpo opera también "con jueces, fiscales y grupos políticos económicos con fuerte influencia", y por eso lamenta que la comisión no sea más efectiva.
"No se ha hecho lo suficiente para buscar la sanción de los policías; se justifican diciendo que son una comisión del poder Ejecutivo y que no tienen facultades dentro del sistema de Justicia, pero lo que no han hecho es ser determinantes en la información que presentan", indicó.
Sin embargo, para Rivera el país está realizando un esfuerzo mayor por terminar con la corrupción policial que el que se dio en gobiernos anteriores.
"Aquí se empezó por la cúpula, algo que no se había hecho en el pasado porque les tenían miedo, no querían enfrentar a los miembros máximos de esas cúpulas policiales", indicó el dirigente social a Sputnik Nóvosti.
De un total de 14.000 agentes que forman la policía hondureña, más de mil han sido apartados del cuerpo en estos últimos meses.
"El objetivo es quitarle el uniforme, la chapa, el arma y la autoridad a los malos policías; no solo son corruptos y criminales, sino que son incapaces, negligentes y con poca vocación de servicio y esto va a ayudar a que la policía pueda reformarse y fortalecerse", aseguró.
La comisión realiza una evaluación de idoneidad a los agentes con información que proviene de las instituciones que recopilan datos de su trayectoria y también se tienen en cuenta denuncias ciudadanas.
Los policías sospechosos de cometer delitos se someten a "pruebas toxicológicas, al polígrafo e investigaciones sobre su patrimonio que indican si son aptos o no para continuar" en la institución, añadió.
Toda esa información se remite al Ministerio Público para que ejecute la acción penal, ya que la comisión solo actúa en el ámbito administrativo.
Reformas necesarias
Rivera es consciente de que los avances de la comisión no son suficientes para terminar con la corrupción y la impunidad en el país y considera necesario que el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial tomen el ejemplo de implementar un proceso de limpieza y depuración.
"Honduras reclama tener instituciones con hombres honestos y competentes. Se podrían enfrentar con éxito al crimen organizado y al narcotráfico y sería un primer paso demostrar que se puede cuando se tiene valentía, decisión y voluntad política", sostuvo.
El Triángulo Norte de América Central, formado por El Salvador, Honduras y Guatemala, está sometido a una ola de corrupción y criminalidad sin precedentes, que ha llevado los índices de homicidios a los primeros lugares mundiales.
En Honduras, recordó Rivera, solo el 4% de los delitos son investigados y terminan en juicio con sentencias condenatorias.
