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    Perú, ante el reto de arrancar la corrupción de su ADN

    CC BY-SA 2.0 / Serious Cat / Lima, Peru Skyline
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    La corrupción "forma parte del ADN del Perú desde la época de la colonia", aunque recientemente ha alcanzado una expansión como producto del crecimiento de la economía ilegal, explicó a Sputnik Walter Albán, exdefensor del Pueblo y exministro del Interior. El país se enfrenta al desafío de revertir esta situación.

    Aunque el problema no es nuevo, el debate sobre su incidencia se ha avivado tras la sanción de un decreto legislativo que establece la 'muerte civil' para funcionarios que incurran en este delito. Esta medida, anunciada por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, incluye inhabilitaciones de entre seis meses y 20 años —incluso perpetua en casos muy graves— para ocupar cargos públicos.

    Frente a la debilidad de las instituciones del Estado, el crecimiento sostenido de la economía en Perú trajo aparejado un aumento de actividades ilegales, un componente que "tiene como locomotora al narcotráfico y va de la mano con lavado de activos, tráfico de personas, minería ilegal y tráfico de inmuebles", entre otras, explicó Albán, actual director ejecutivo de Proética, sección peruana de la ONG Transparencia Internacional.

    "Todas estas actividades, que a su vez repercuten en un alto índice de criminalidad, han ido progresivamente extendiendo la corrupción al interior del aparato del Estado de manera más peligrosa que antes", indicó el también exministro del Interior de Perú (2013-2014) durante la presidencia de Ollanta Humala.

    En el presente "es muy difícil pensar en alguna institución que no tenga un nivel de contaminación fuerte" debido a la vinculación del sistema político con la economía ilegal.

    La debilidad institucional alcanza a las organizaciones políticas. Según Albán, en Perú ya no se puede hablar de partidos políticos. Con algunas excepciones "son organizaciones que se generan a propósito de las campañas electorales y muchas veces no tienen mayor continuidad".

    "Estas organizaciones, dada la manera con la que está diseñado el sistema electoral, rápidamente encuentran una forma de sostener sus campañas y de conseguir financiamiento haciendo muy poca evaluación, teniendo muy poco cuidado respecto a quiénes llevan al Congreso de la República", dijo el representante de la sociedad civil.

    Como consecuencia, "un porcentaje importante de candidatos tienen vínculos con organizaciones criminales o están en curso procesos o investigaciones que tienen que ver con lavado de activos", agregó el jurista. 

    Según la última encuesta nacional sobre percepciones de la corrupción en Perú, la ciudadanía considera a ese fenómeno como el segundo problema (46%) detrás de la delincuencia (62%) y por delante de otros problemas como la pobreza, el desempleo y la salud.

    A pesar de presentar la lucha contra la corrupción como uno de sus principales propuestas de campaña, en los primeros 100 días de mandato, Kuczynski se vio desafiado por un escándalo que involucraba a Carlos Moreno, uno de sus asesores. El funcionario presuntamente ofreció al administrador de una clínica un 'negociazo' a través de contratos del Sistema Integral de Salud.

    Además, Kuczynski convocó a una comisión presidencial de integridad "para que en un plazo de 45 días contribuya a dar propuestas concretas que puedan servir para la lucha contra la corrupción". Este cuerpo está integrado por miembros de la esfera política, la sociedad civil y el ámbito empresarial sin actividad actual en el ámbito estatal y "que sin duda no tienen ningún cuestionamiento y son personas muy respetadas", agregó.

    Para el experto, muchas veces las medidas anticorrupción se ven obstaculizadas por el mismo Congreso de la República. Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país, entidad que investiga hechos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, reivindicó durante ocho años que se le den permisos para acceder a información bancaria y tributaria pero el Congreso lo ha negado varias veces.

    Uno de los sectores que se oponía era Fuerza Popular, encabezado por la excandidata presidencial Keiko Fujimori y que cuenta con 72 escaños de los 130. En medio de la campaña presidencial, trascendió que el entonces secretario general de la organización, Joaquín Ramírez, estaba siendo presuntamente investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) por vinculaciones con el narcotráfico. Según Albán, "en todo el tiempo que [Ramírez] estuvo en el Congreso, fue un activo opositor a que la UIF pudiera tener más atribuciones para investigar lavado de activos".

    Finalmente, el Congreso delegó en el Poder Ejecutivo por un período de 90 días. Aceptaron que la UIF pudiera levantar el secreto bancario y tributario, pero con limitaciones. "Es una clara muestra de la poca voluntad que existe de que se pueda conocer y hacer transparente el dinero de las organizaciones políticas", concluyó Albán.

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    corrupción, Pedro Pablo Kuczynski, Perú