"Convocamos a la familia taxista, empresarios, licenciatarios y peones de taxis a acompañar la entrega de un petitorio a los señores jueces", indicó en un comunicado el Sindicato de Conductores de Taxis.
El Sindicato de Peones de Taxis presentó una denuncia penal contra 33 conductores de Uber por considerar que la actividad que realizaban era ilegal, en sintonía con la postura del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que también considera que la aplicación de transportes "opera fuera de la ley".
El fuero penal, en consecuencia "no es la vía apropiada para resolver el conflicto", añadió el magistrado en su resolución el pasado lunes.
Los 33 conductores que utilizaron Uber para trasladar a pasajeros particulares fueron denunciados por "entorpecimiento del transporte, desobediencia, competencia desleal, instigación a cometer delitos y asociación ilícita".
"No parece lógico que la intención de los acusados esté o haya estado orientada a entorpecer el transporte al que pretenden sumar sus servicios", concluyó el juez.
El Fiscal de Cámara, Martín Lapadú, de la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste en la capital argentina, aclaró que el juez "supone la inexistencia de delito que estén tipificados en el Código Penal, no así los ilícitos contravencionales y de faltas".
La justicia penal, por otro lado, avanza contra Uber "en la investigación del delito tributario que sí tiene penas de entre cuatro y seis años de prisión", recordó el fiscal, que investiga a Uber desde mediados de abril por operar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sin los correspondientes permisos.
