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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas solicitó al Gobierno argentino que libere a la dirigente social Milagro Sala, detenida desde hace 10 meses en la provincia de Jujuy (norte), al considerar que su detención es arbitraria.

    "La detención de la señora Milagro Sala es arbitraria" y por lo tanto, solicitó "al Gobierno de la República Argentina liberarla de inmediato", afirmó el Grupo de Trabajo en un comunicado del que se hizo eco Amnistía Internacional.

    Naciones Unidas consideró que hubo un entramado de "acusaciones consecutivas" para sostener la detención preventiva de la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru, reseñó por su parte el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

    Este organismo, junto con Amnistía Internacional y la entidad de derechos humanos Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) presentaron en febrero una denuncia ante el Grupo de Trabajo para exigir la liberación de la dirigente social.

    Detenida desde el 16 de enero, Sala está acusada actualmente de fraude al Estado, asociación ilícita y extorsión en varias causas judiciales.

    Uno de esos procesos investiga si la parlamentaria del Mercado Común del Sur (Mercosur) se quedó con 29 millones de pesos (2,1 millones de dólares) destinados a la construcción de viviendas sociales que debía realizar la Tupac Amaru en la provincia de Jujuy.

    Tras investigar las causas judiciales por las que Sala está detenida, el equipo de expertos de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) concluyó que no existen elementos legales para justificar su prisión preventiva, dado que no se justificó "que existen en este caso riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación que justifiquen su privación de libertad".

    El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, constituido en 1991 por iniciativa del Consejo de Seguridad, puso en duda la independencia del Poder Judicial, y afirmó que "el Estado impidió el ejercicio del derecho de defensa de Sala por la falta de precisión y claridad de los hechos que se le imputan y por no informarle adecuadamente los delitos por los que es acusada".

    Por su condición de parlamentaria del Mercosur, Sala contaba con fueros que impedían su detención, recordó el Grupo de Trabajo, que entendió su encarcelamiento "como resultado del ejercicio de sus derechos humanos".

    El Gobierno argentino debe investigar la violación de sus derechos y asegurarse de que estos hechos no vuelvan a repetirse, dado que como representación del Estado, "tiene la responsabilidad de cumplir con las medidas determinadas por el Grupo de trabajo", según el comunicado difundido por Amnistía, CELS y Andhes.

    El Grupo de Trabajo ya se pronunció sobre el caso de Sala en marzo, cuando admitió la denuncia de estas organizaciones y pidió explicaciones al Estado argentino sobre la detención de la dirigente.

    En un fallo del pasado mes de julio, la Corte Suprema de Justicia sostuvo que los legisladores del Parlamento del Mercosur (Parlasur) carecen de fueros, por lo cual pueden ser arrestados si la Justicia los investiga por un delito.

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    Amnistía Internacional, ONU, Milagro Sala, Argentina
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