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Expresidentes brasileños Sarney y Collor, en el punto de mira por impulsar contraespionaje

© REUTERS / Adriano MachadoExpresidente de Brasil, José Sarney, y presidente actual, Michel Temer
Expresidente de Brasil, José Sarney, y presidente actual, Michel Temer - Sputnik Mundo
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RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Los expresidentes brasileños José Sarney y Fernando Collor de Melo están en el punto de mira de la Policía Federal por haber usado a agentes de la Policía Legislativa que trabaja en el Congreso Nacional para labores de contraespionaje.

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La policía brasileña detiene al expresidente de la Cámara Eduardo Cunha
La policía detuvo este viernes, el 21 de octubre, en el Congreso Nacional a cuatro de estos policías que presuntamente ayudan a políticos investigados en la Operación Lava Jato identificando y eliminando dispositivos de escucha instalados con autorización judicial.

Entre los políticos que usaron a la policía con estos fines también están los senadores Edison Lobão (Partido del Movimiento Democrático de Brasil) y Gleisi Hoffmann (Partido de los Trabajadores).

Un abogado de Sarney dijo que la hipótesis de que la policía hiciera una "limpieza" en su casa está descartada, igual que Collor, que a través de sus portavoces negó haberse "beneficiado" de cualquier acción de la Policía Legislativa.

Los senadores Hoffmann y Lobão, en cambio, sí que reconocen que recurrieron a la Policía Legislativa para verificar que nadie había instalado micrófonos en sus casas, pero remarcan que este es un procedimiento totalmente legal.

"Este servicio de la Policía Legislativa existe regularmente desde hace mucho tiempo (…) Todo dentro de las normas del Senado. Hacer eso no configura ninguna obstrucción. Solo quería tener información de seguridad sobre mi residencia", expresó la senadora en un comunicado.

A falta de que se aclare la situación los cuatro policías detenidos están acusados de delitos de asociación criminal armada, corrupción privilegiada y obstrucción a la investigación de infracción penal, lo que sumando las condenas para cada delito podría suponer 14 años y seis meses de cárcel.

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