El desencadenante de la protesta, ocurrida el 14 de octubre, es la construcción de una carretera que atraviesa 18 comunidades indígenas de las regiones de Apurímac y Cuzco para transportar los minerales extraídos de la mina. La policía reprimió la manifestación y en la revuelta murió un líder comunitario. Resultaron heridas además unas 20 personas. En 2015, murieron cuatro manifestantes en un hecho similar contra Las Bambas.
El tránsito derivado de esta vía genera ruido, vibraciones y levanta polvo. Los 250 camiones que circulan a diario afectan el bienestar de las comunidades, aseguró la directora de CooperAcciona. Esta entidad participa de las negociaciones entre el gobierno, la minera y los campesinos desde antes del inicio del conflicto.
"La carretera afecta a las personas que viven a los costados. Afecta sus cultivos y también los pastizales. Son comunidades ganaderas: con el polvo el pasto crece menos y los animales también, porque como el forraje está cubierto de polvo, este interfiere en su ingesta", dijo Leyva.
La construcción de la carretera implicó expropiaciones y la pérdida de compensaciones económicas para las comunidades. Anteriormente la minera les pagaba una retribución por transitar por sus tierras. Sin embargo, la nueva carretera es una vía pública, por lo que perdieron el derecho a este tipo de compensaciones.
"Debió establecerse una negociación con las comunidades para la venta de las tierras, pero eso no se ha dado. Entonces las comunidades sienten que han sido despojadas y de hecho lo han sido", precisó la activista.
Según Leyva, las declaraciones del ministro ponen de manifiesto que existe "una distorsión" de las funciones de la policía a raíz de un conflicto de interés debido a los contratos con privados "La policía tiene la función de garantizar el orden público y los derechos de las personas y eso entra en conflicto con este compromiso que tienen a través de estos convenios", concluyó.
