El TSJ "ha sido secuestrado y se ha convertido en un tribunal político, en un brazo ejecutor del Poder Ejecutivo, en un brazo obediente del (oficialista) Partido Socialista Unido de Venezuela", señaló el constitucionalista y especialista en derechos humanos Carlos Ayala.
Venezuela debía tener antes de este sábado un presupuesto vigente para 2017 y, según establece la Constitución, aprobarlo es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.
En opinión de Ayala, el TSJ "ha inventado todo esto del desacato" después de que en julio el parlamento incorporó a tres parlamentarios cuya elección fue impugnada el 30 de diciembre por presunto fraude electoral.
La impugnación de esos tres legisladores despojaba a la oposición, mientras no se emitiera sentencia, de las dos terceras partes de los escaños que obtuvo en elecciones y que permiten nombrar y remover a los rectores del Consejo Nacional Electoral, el TSJ, el fiscal, el contralor y el defensor del Pueblo, cargos que fueron designados por la anterior legislatura, de mayoría oficialista.
Sin embargo, a juicio del abogado Jesús Rojas, esto no justifica que el parlamento desconozca una decisión de otro poder.
"Eso sería aplicable a cualquier ciudadano que estuviese siendo imputado por el Ministerio Público y que por distintas razones no se haya condenado, tenemos que dejarlo libre; el código procesal penal establece los derechos del imputado y ellos pueden exigir celeridad, pero no entrar en desacato", observó Rojas a esta agencia.
Entre dos artículos
A juicio de Rojas, para aprobar el presupuesto se debe aplicar el artículo 336 de la Carta Magna porque, tal como lo interpreta la Sala Constitucional, "hay una omisión legislativa" y en ese caso, sostiene, le corresponde a esa instancia asumir las funciones del Legislativo.
"Seguirá vigente el presupuesto del año fiscal en curso, lo que es la reconducción presupuestaria, no hay que inventar un presupuesto; la salida constitucional es que la misma ley de presupuesto del año pasado continuaría vigente, como lo dice el artículo 313", añadió.
Pese a que Ayala y Rojas interpretan artículos de la Constitución de formas diferentes acerca de la ley de presupuesto 2017, coinciden en que debe restablecerse el orden constitucional.
No obstante, antes de que se sumaran estos diputados, ya el TSJ había declarado fuera de lugar la mayoría de las leyes aprobadas y discutidas por el parlamento, considerándolas inconstitucionales.
Desde que la actual Asamblea Nacional fue elegida con mayoría opositora, para el Gobierno y los demás poderes, su papel ha estado en cuestionamiento porque aseguran que sus decisiones buscan derrocar al presidente Nicolás Maduro y alterar el orden constitucional.
