Los principales puntos de un documento de 17 páginas son la protección de la propiedad privada y del agronegocio, la reparación de las víctimas con todos los recursos mal habidos de la guerrilla, reformas al sistema de justicia transicional y el desmantelamiento completo del narcotráfico, según una síntesis del diario El Espectador.
Pastrana y su grupo rechazan que los acuerdos de paz firmados por el Gobierno de Santos y las FARC en La Habana se incorporen al cuerpo legal del país con rango constitucional, y en cambio sugieren que las reformas constitucionales que sean necesarias se lleven a cabo por los mecanismos ya previstos en la Carta Magna, si bien se niegan a la celebración de una asamblea constituyente.
En cuanto a la comisión de verificación, seguimiento e implementación de los acuerdos, Pastrana pide que la oposición tenga también participación.
El expresidente rechaza que en la Jurisdicción Especial para la Paz se incluyan jueces internacionales y, ante la desconfianza que pueda generar este cambio en la guerrilla, propone habilitar para los juicios la figura del "amicus curiae" (amigo de la corte) internacional, que tendría voz pero no voto.
En cuanto a la reclusión de quienes hayan incurrido en crímenes graves, no se busca ver a los cabecillas de la guerrilla tras "barrotes con camisas a rayas", sino que proponen "penas de reclusión con limitaciones de la movilidad" y en "zonas rurales de transición", dijo Camilo Gómez, portavoz de Pastrana y ex alto comisionado de Paz.
Esto es algo muy similar a lo que ya contempla el acuerdo final de paz, según El Espectador.
La propuesta judicial incluye asimismo un plazo de dos años para presentarse ante la jurisdicción especial, tras lo cual los crímenes pasarían a la justicia ordinaria.
Pastrana también rechaza que el narcotráfico pueda ser considerado como delito conexo a los delitos políticos y por lo tanto amnistiable, y reclama que los guerrilleros entreguen toda la información que tengan en su poder sobre el tráfico de drogas en los primeros seis meses de puesta en marcha del sistema de justicia transicional.
En cuanto al capítulo sobre la reforma agraria y desarrollo rural, el expresidente reclama que no se cambie el modelo económico del sector rural y que, además de reconocerse la agricultura campesina, se reconozca la agricultura comercial y la agroindustria y no se restrinja el uso de semillas a las que son solo nativas.
El exmandatario también pide que se aclare de dónde saldrán las tres millones de hectáreas que serán entregadas a los campesinos y que se estipule que ninguna tierra será cedida a quienes hayan sembrado cultivos ilícitos, a menos que se comprometan por contrato a no utilizarlas para tal fin.
Se propone asimismo que las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) entreguen todos los bienes que posean en Colombia y en el extranjero para reparar a las víctimas.
El exmandatario prometió entregar un segundo documento con más modificaciones a los acuerdos de paz en las próximas semanas.
