"Nos preocupa que mientras ocho personas mueren por día a causa de la violencia armada, el Estado argentino manifiesta un grave y flagrante retraso en el control de la proliferación de armas de fuego y la prevención de los riesgos relacionados", indicó la organización en un comunicado.
La organización, creada en 2004, denunció además que el Gobierno de Mauricio Macri ha incumplido con la ley que estipula la creación de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) para implementar una política de control sobre el armamento.
La Ley Nº 27.192, sancionada en octubre de 2015, todavía no ha sido reglamentada para que pueda entrar en vigencia, señala el comunicado de la RAD.
"Llama poderosamente nuestra atención que el compromiso con el control de las armas de fuego manifestado por una mayoría rotunda en el Congreso Nacional, de la cual el partido de Gobierno fuera parte, hoy no se vea reflejado en medidas concretas del Ejecutivo", sostiene la organización.
Desde la asociación civil recuerdan que todavía sigue en funcionamiento el Registro Nacional de Armas (Renar), lo que representa "una grave violación a la ley de creación de la Anmac", que deroga una ley de contratación técnica y financiera para la modernización del registro de armas, para priorizar el "otorgamiento de la autarquía económica financiera y los controles pertinentes del Estado".
El desinterés del actual Gobierno, que asumió en diciembre de 2015, también llevó a que la prórroga del Programa de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego no fuera sancionado hasta el pasado 28 de septiembre, lo que provocó "la pérdida de casi un año de vigencia de la entrega voluntaria de armas, plan que, de haber estado vigente como correspondía, pudo haber salvado a miles de víctimas de la violencia armada", asegura la organización.
El programa de Entrega Voluntaria de Armas fue sancionado en marzo de 2014, durante el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
Desde entonces, y hasta octubre de 2015, se destruyeron más de 300.000 armas según el Renar.
