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    Un grafismo dedicado a los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa, México

    Las nuevas pistas en la investigación de la masacre de estudiantes de Ayotzinapa

    © AFP 2019 / Ronaldo Schemidt
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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — A dos años de la masacre de Iguala, Guerreo, en el conflictivo sur de México, la reorientación de la investigación sobre los 43 estudiantes desaparecidos marcha sobre nuevas pistas, dijo el abogado Luis Tapia, integrante de la defensa de las víctimas y sus familias.

    Al menos cinco elementos cruciales integran la nueva etapa de pesquisas, abierta tras la renuncia el 15 de septiembre pasado del director en jefe de la federal Agencia de Investigación Criminal (AIC) de México, Tomás Zerón de Lucio, dijo el responsable del área defensa de víctimas del jesuita Centro de Derechos Humanos Agustín Pro.

    Las pistas son, en primer lugar, los mapas aéreos obtenidos con nueva tecnologías de punta; en segundo lugar, las decenas de rastros de posibles fosas clandestinas; y tercero, el rastreo de los registros de teléfonos celulares, que se enlazaron durante los ataques de policías y narcotraficantes confabulados, por el llamado "Caminante", un personaje que aparentemente los coordinaba.

    La cuarta línea de investigación, hacia arriba de la cadena de mando, con la indagación de agentes policiales federales y del Ejército que actuaron y reportaron durante las agresiones, según pruebas; y el rol recién descubierto este año de las autoridades y agentes policiales del municipio vecino de Huitzuco, que siguen libres y sin imputaciones, a pesar de que está probada su actuación en el caso, dijo el abogado Tapia.

    La adquisición de nueva tecnología de mapeo del terreno, mediante un sistema láser de detección y medición llamado LIDAR (por sus siglas en inglés: Laser Imaging Detection and Ranging, un sistema desarrollado y perfeccionado en Rusia), ha permitido detectar al menos 40 nuevos puntos con posibles fosas clandestinas, en una zona donde ya fueron descubiertos más de un centenar de cuerpos de desconocidos o desparecidos, sin relación con el caso.

    La nueva tecnología fue adquirida con más de año y medio de retraso, y ha permitido los nuevos levantamientos topográficos aéreos sobre la región de tres municipios del sureño estado de Guerrero —Iguala, Cocula y Huitzuco—, detectando imperceptibles movimientos recientes de terreno con apariencia de fosas clandestinas.

    Nuevos mapas de búsqueda

    A pesar del inexplicable retraso de la adquisición de ese sistema de rastreo, el hallazgo a solo dos meses de que esa tecnología fue puesta en marcha, traza un nuevo mapa de ruta muy preciso de búsqueda a seguir, emprendida con unidades de la fiscalía federal acompañada por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

    Esas acciones de búsqueda se realizarán "con la condición de una previa notificación oficial y coordinación con las familias de los desaparecidos y sus abogados", dijo el responsable humanitario.

    Las nuevas indagaciones se alejan de los terrenos transitados alrededor del basurero del pueblo de Cocula, donde se concentró la llamada "verdad histórica" construida por el fiscal Jesús Murillo y el máximo jefe investigador federa Zerón de Lucio.

    En aquella investigación —que ha llevado a la cárcel a casi 130 policías, funcionarios municipales y acusados de pertenecer al crimen organizado-, solo rescató tres bolsas con restos calcinados de 17 individuos en el vecino Río San Juan, que solo arrojaron una identificación plena de un desparecido –Alexander Mora Venancio– y un segundo joven con indicios parciales, en el laboratorio forense de la Universidad de Innsbruck, Austria.

    Aún así todavía no se termina de interpretar el resultado de los sobrevuelos y nuevos mapeos, "que pueden incrementar los puntos de búsqueda", precisó Tapia.

    En cuanto al uso de tecnología de rastreo de telefonía, a dos años de la tragedia no se han completado los peritajes a siete teléfonos rescatados de la escena del crimen, que estuvieron activos después del 26 y 27 de septiembre de 2014.

    El cruce de las llamadas registradas en esos aparatos y otros de agentes policiales y supuestos elementos del crimen organizado es el descubrimiento del llamado "Caminante, un personaje que no ha sido identificado, pero que enlazó a varios teléfonos y podría haber coordinado los ataques en el lugar de los hechos", dijo el abogado.

    Aún no se sabe dónde estuvieron los siete teléfonos, "pero sabemos que desde el segundo informe del Grupo Interdisciplinario de de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) "se estaba comunicando en los momentos críticos de la las agresiones con al menos seis personas, parecía ser el coordinador y el que daba instrucciones".

    La policías de Cocula e Iguala parecían estarle reportando al personaje sobre el desplazamiento de los estudiantes.

    Por su parte, la Comisión Nacional de DDHH (CNDH, ombdusman federal) identificó el papel de una patrulla de dos policías federales y un agente de inteligencia de las Fuerzas Armadas, quienes estuvieron en el momento de la agresión monitoreando y tomando fotos, pero no se conocen los reportes, ni su seguimiento, tampoco la desaparición de vídeos en cámaras de seguridad.

    Tampoco se ha extendido la investigación a la pista de la CNDH que prueba que los estudiante fueron repartidos en dos grupos y que uno de los grupos fue llevado con rumbo a Huitzuco con el llamado "Patrón".

    No se ha investigado, además, a la Policía del Estado de Guerrero, que recibió una inexplicable orden de acuartelarse.

    "En la investigación ha habido falta de voluntad para explorar estas pistas y no se ha profundizado", lamentó el abogado.

    Además de los 43 desaparecidos hay decenas de víctimas más, aparte de las seis personas que murieron acribilladas, cuando los autobuses fueron ametrallados: tres estudiantes, dos lesionados graves, uno en coma todavía, una señora que viajaba en un taxi, un futbolista y el conductor de un autobús del club de fútbol.

    Todo este rompecabezas incompleto debe investigarse con base en el acuerdo firmado en Washington entre el gobierno de México y la CIDH encabezada por el relator y dos expertos, con acceso pleno al expediente, para evitar la impunidad, que se ya configura como una amenaza a medida que pasa el tiempo, puntualizó Luis Tapia.

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