La mayoría de los miembros de ese organismo interno del partido del presidente Enrique Peña Nieto se inclinan por votar en contra del gobernador de uno de sus feudos históricos, de acuerdo con un sondeo del diario El Financiero publicado este jueves.
Duarte está bajo investigación de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) por la firma de su gobierno de 20 contratos con empresas fantasma en Veracruz.
El gobernador saliente de ese rico estado del sureste, también enfrenta denuncias penales de la Auditoría Superior de la Federación mexicana tras descubrir que el estado de Veracruz simulaba reintegrar casi 5.000 millones de pesos (250 millones de dólares).
Veracruz cuenta con una extensa industria agropecuaria, pero es también asolado por el crimen organizado en la ruta de Golfo de México hacia EEUU, y ha sido uno de los peores escenarios de la violencia, por secuestro, extorsión y descubrimiento de fosas clandestinas.
Derrotados bajo escrutinio
Otros gobernadores en enclaves del oficialismo donde el PRI fue derrotado este año enfrentarán el escrutinio de la dirigencia, en el trascurso de octubre: entre ellos el gobernador de Chihuahua (norte frontera con EEUU), César Duarte —sin parentesco con el veracruzano Javier Duarte—, que debe entregar el mando a la oposición.
Estos dirigentes priistas fueron denunciados por Armando Barajas, el Consejero Político del longevo partido —fundado después de la Revolución Mexicana de principios del siglo XX—, quien pidió a la comisión disciplinaria "analizar si también procedería la expulsión de estos priistas", después de que concluyan los procesos legales en su contra.
Una de las causas que establece el reglamento interno del PRI para la suspensión de hasta tres años en el partido es el involucramiento en un proceso penal por "delitos dolosos", hasta que la justicia dicte sentencia definitiva, además de la deshonestidad y la ineficiencia política de los militantes.
La expulsión procede cuando se comprueben "faltas de probidad o delitos en el ejercicio de las funciones que un integrante del PRI tiene encomendadas".
Los temas de la corrupción, el tráfico de influencias y los conflictos de interés se colocaron al tope de la agenda pública mexicana, con los gobernantes de todos los partidos en la mira.
Un nuevo sistema nacional anticorrupción fue aprobado por el Congreso para combatir ese flagelo que ha hecho converger a organismos civiles, empresarios y partidos de todo el espectro político, y su implementación está en marcha pero sin los recursos suficientes por recortes al presupuesto federal, según dijo el organismo civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Otra investigación independiente del centro de investigación Fundar, reveló esta semana que en casi cuatro años de este gobierno el fisco ha dejado de cobrar casi 9.400 millones de dólares (188.000 millones de pesos) por concepto de "cancelación" de impuestos y deudas que no se pudieron cobrar, además, en el primer año condonó a 36 empresas el equivalente a 4.000 millones de dólares, y denuncia que mediante un mecanismo opaco "pocas personas reciben estos beneficios multimillonarios del organismo fiscal", que se niega a explicar sus decisiones.
Las estimaciones de los costos de la corrupción endémica son elusivos, mientras algunos organismos civiles la ubican entre el 2% y el 10% del Producto Interno Bruto, en el Congreso la miden como 10 % del presupuesto federal, o hasta 25.000 millones de dólares al año, según cada fuente.
