"Responsables de los hechos no sé quiénes serán, no me lo imagino; pero sí que [aquel hecho] debe dejarnos una enseñanza para todos los peruanos", dijo el presidente del tribunal, tras la lectura de la sentencia, cuyo juicio se prolongó durante casi toda la jornada del jueves.
La Fiscalía había imputado a los acusados de 8 delitos, entre ellos los de homicidio calificado, instigación, disturbios, arrebato de armamento, motín y daños a la propiedad privada, con penas que van desde los 6 años de cárcel hasta la cadena perpetua.
En la masacre del 5 de junio de 2009 entre policías y nativos murieron 34 personas, 24 policías y 10 civiles, y unas 200 resultaron heridas.
El juicio concluido el jueves solo se ocupó de una parte de los incidentes ocurridos en la curva del Diablo, un tramo de la carretera Fernando Belaúnde Terry, en el estado de Amazonas, ocupado desde hacía semanas por indígenas que reclamaban la derogación de una serie de decretos del Gobierno de Alan García (2006-2011), que consideraban violatorios de sus derechos legales.
Los indígenas llevaban 60 días de movilizaciones en un paro amazónico contra los decretos y habían ocupado la carretera.
Según Quispe, el tribunal consideró las denuncias de la defensa acerca de que las declaraciones autoinculpatorias de algunos acusados indígenas "fueron obtenidas sin las garantías de la ley, porque no tenían abogados, lo hicieron sin intérpretes y bajo apremios ilegales de golpes".
Pero el abogado subrayó también que el tribunal "ha determinado muy bien la cuestión de que [en la protesta indígena] prevalecen derechos constitucionales sobre la libertad de tránsito" por la carretera.
El fallo "incorpora partes de lo que es el derecho a la consulta previa, porque ellos [los indígenas] protestaron porque estaban siendo vulnerados sus derechos por la emisión de esos decretos", añadió Quispe.
Para el jurista Carlos Rivera Paz, directivo del IDL, este es el aspecto más importante de la resolución judicial.
"Pareciera que los jueces han sabido dar varios pasos adelante al incorporar a los fundamentos de la resolución los referidos a los derechos de los pueblos indígenas, algo que lamentablemente no es común en el Perú", dijo Rivera a esta agencia.
El abogado explicó que, a raíz de la masacre de Bagua, se abrieron seis procesos penales y el concluido el jueves es apenas el primero.
"Hubo también muertos en la misma ciudad de Bagua y en la llamada Estación 6 de Petroperú", dijo Rivera.
Por eso, el abogado estimó que esta sentencia comienza a cerrar un capítulo de los hechos, pero no todos.
"Los familiares de los policías y de los propios indígenas muertos esperan una respuesta del sistema de justicia sobre qué pasó, cómo ocurrieron y quiénes son los responsables de los asesinatos de la mañana del 5 de junio de 2009", concluyó.
La Fiscalía y la Procuraduría pueden apelar el fallo del jueves, que pasaría así a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.
