Unos "966.000 jóvenes en la Argentina hoy no estudian, no trabajan ni buscan empleo", dijo el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, ante la cámara.
La desocupación afecta a casi uno de cada cuatro jóvenes argentinos, lo que es "dos veces y medio más que en el promedio de la población", sostuvo el funcionario, quien asegura que la reforma permitirá crear 240.000 empleos al año.
El diputado Abel Furlán, del FpV, también dirigente del sindicato Unión Obrera Metalúrgica, denunció que la medida precariza el empleo y constituye "el inicio de la flexibilidad laboral".
"Le da la posibilidad a las grandes empresas de deshacerse de un trabajador antiguo, con más de 30 años de antigüedad, con experiencia, para cambiarlo por un trabajador nuevo porque el proyecto no exige un listado de trabajadores que sigan siendo parte de la empresa", explicó Furlán.
Desde las fuerzas de izquierda insistieron en que este tipo de políticas ya fueron probadas sin éxito como "receta" durante los años 90, con el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999).
En contra del proyecto se ha manifestado también la reunificada Confederación General del Trabajo, la central obrera de tradición peronista más importante del país.
La iniciativa oficial, que ha sufrido ya varias modificaciones, contempla la concesión de subsidios y exenciones a las empresas que contraten a jóvenes desempleados.
