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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El Congreso federal de México debería aprobar lo antes posible una ley general sobre la desaparición de personas, dijo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

    Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas que se celebra cada 30 de agosto, la ONU "hace un exhorto para que esta ley general pueda ser aprobada a la brevedad posible", dijo en un pronunciamiento Jan Jarab, representante de la ONU-DH en México.

    Al expresar su reconocimiento y solidaridad hacia las víctimas desaparecidas —casi 25.000 según daros oficiales— y hacia sus familiares, la ONU-DH expresa su apoyo a "la búsqueda de sus seres queridos y a la reivindicación de sus derechos de verdad, justicia y reparación".

    En el marco de la futura ley general sobre la desaparición de personas, la ONU-DH "reconoce la apertura mostrada por las autoridades federales y el Senado para dialogar con las familias y organizaciones acompañantes".

    La actual discusión, congelada en el Congreso, "es una oportunidad para continuar dicho diálogo y crear una fuerte estructura institucional de búsqueda bajo coordinación de la Federación", dijo la oficina permanente establecida en México en 2002.

    Esta estructura debe tener los recursos necesarios para su funcionamiento, coadyuvar para que las autoridades estatales asuman sus responsabilidades y garantizar labores de búsqueda, independientes a las que se realizan para la investigación de la responsabilidad criminal, advierte la ONU-DH.

    De acuerdo con datos oficiales, hasta agosto de 2016 el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), contiene un total de 24.288 casos en el fuero común y 794 en el fuero federal.

    Una obligación del Gobierno

    La ONU-DH subraya "la obligación de las autoridades de poner en el corazón de sus esfuerzos la búsqueda efectiva de todas las personas desaparecidas con el objetivo de esclarecer su destino", garantizando la participación e inclusión de las familias y organizaciones en dichos procesos.

    En este sentido, la ONU-DH reconoce a aquellas autoridades federales mexicanas que sí han realizado esfuerzos para conocer el paradero de algunas víctimas y destaca las experiencias positivas de trabajo conjunto de búsqueda entre autoridades y familias que se han impulsado a nivel local, particularmente en los norteños estados de Nuevo León y Coahuila.

    La magnitud y complejidad de esta problemática obliga a que las acciones de búsqueda adopten distintas estrategias: "Se necesita un enfoque diferencial para migrantes, mujeres, niñas y niños; priorizar la búsqueda con vida y atender tanto los casos más recientes como aquellos que ocurrieron desde los años sesenta", dijo Jarab.

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    Entre otras medidas, el organismo mundial planteó a México la implementación de mecanismos de rendición de cuentas para vigilar y castigar a "aquellos servidores públicos que por acción u omisión obstaculicen la búsqueda de las personas desaparecidas".

    Otro tema dramático en México es el hallazgo de fosas clandestinas, localizadas gracias a las acciones de organismos de DDHH nacionales y familiares.

    En relación con los restos humanos encontrados, "es esencial que el Estado adopte todas las medidas necesarias para que sean tratados con dignidad y respeto y sean analizados conforme a los más elevados estándares científicos, garantizando identificaciones veraces y confiables que permitan una restitución apropiada", dijo la ONU.

    Esa declaración ocurre luego de que en el estado de Morelos (sur) fue localizada una fosa común con más de 110 cuerpos, utilizada por las autoridades para personas desconocidas, que no habían sido registrados ni tratados con los estándares forenses elementales, de acuerdo con un estudio de la Universidad del Estado de Morelos, presentado la semana pasada.

    "Mientras las familias sigan sin encontrar a sus seres queridos, la incertidumbre y el dolor se acumulan", puntualizó el responsable de la ONU-DH en México.

    Un informe de la ONU sobre el tema menciona que la desaparición forzada es parte de "en la ominosa lista de aportes latinoamericanos al catálogo contemporáneo de la historia universal de la infamia".

    Desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa (archivo)
    © REUTERS / Jose Luis Gonzalez
    Otro hallazgo macabro, además de las fosas clandestinas, ocurrió en la prisión de Piedras Negras, Coahuila, que entre 2010 y 2012, hacia el final del mandato del expresidente Felipe Calderón, operaba como un "campo de desapariciones forzadas" dirigido por la mafia de Los Zetas, fundada por exmilitares, una cárcel que ahora ha sido rehabilitada y "recuperada" por las autoridades.

    Ahora las autoridades saben que más de 150 personas fueron secuestradas y llevadas a esa cárcel, donde "las mataron, las quemaron, para luego los restos ser tirados a un río", según la Procuraduría de ese estado fronterizo con Texas, EEUU.

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    Aunque ya se registraba en los años 1960 y 1980, en el marco de conflictos políticos, la tendencia a las desapariciones forzadas se hizo notable de nuevo en 2011, cuando las organizaciones de la sociedad civil, como Amnistía Internacional, Human Right Watch, y la Red Nacional de DDHH registraban unos 3.000 casos, pero la cifra negra se ha venido multiplicando anualmente.

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    Etiquetas:
    ley, desaparición, ONU, México
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