"Lo que planteamos es la revisión profunda e inmediata de los contratos que ha firmado el Estado con las cooperativas, que vulneran la normativa legal vigente; estas concesiones tendrían que revertirse en favor del Estado", dijo el dirigente sindical al evaluar la crisis minera que vive Bolivia.
La FSTMB agrupa a los sindicatos del sector estatal y por tradición dirige la Central Obrera Boliviana, la máxima central obrera de este país.
Gutiérrez cuestionó la existencia de las cooperativas mineras que pasaron de ser asociaciones privadas con fines sociales a empresas privadas en las que, sostuvo, prevalece la sobreexplotación de los trabajadores.
"El sector cooperativo minero se ha puesto en tela de juicio, ha demostrado sus verdaderos intereses personales y ha mostrado que hay una cúpula de patrones a la que le gusta tener esclavos modernos", observó Gutiérrez.
La FSTMB reclama al Gobierno que fortalezca el aparato productivo estatal para impulsar nuevos emprendimientos orientados a la industrialización del sector.
Según Gutiérrez, a diferencia de los mineros por cuenta propia, los trabajadores de las minas estatales defienden los recursos naturales.
"El reto es abrir nuevos campos de producción y sobre todo inyectar inversiones para proyectar la industrialización de la minería estatal", remarcó el sindicalista.
En las últimas dos semanas los cooperativistas mineros adoptaron medidas de protesta en rechazo a la sindicalización de trabajadores en este sector y en reclamo de modificaciones a la ley minera.
Los cooperativistas más sus familias, suman unas 500.000 personas vinculadas a esta actividad y se han convertido en un factor de presión política al Gobierno, que anunció que no cedería a las demandas de este sector.
En la protesta hubo choques con las autoridades que dejaron cuatro mineros muertos, y en un incidente todavía no aclarado resultó asesinado el viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
