"Es un golpe importante en lo político", señaló el legislador, del partido Frente Renovador.
Para el diputado nacional de la coalición Frente para la Victoria (FpV, peronista), Rodolfo Tailhade, el fallo de la Corte es positivo pero insuficiente.
La industria, los comercios y las usinas eléctricas sí deberán abonar los aumentos decretados por el Gobierno.
Esta disparidad, añade el legislador, "abrirá probablemente alguna otra instancia judicial".
Ahorro de 4.000 millones
Los hogares residenciales representan el 26 por ciento del consumo total de gas en el país. El Gobierno esperaba ahorrar con los aumentos unos 4.000 millones de dólares en subsidios sólo este año.
Pero el fallo judicial lo obliga a corregir esa expectativa y a seguir subvencionando al hogar residencial en unos 1.040 millones de dólares.
El problema fue que el Ejecutivo "no tuvo en consideración ciertos parámetros lógicos y de gradualidad que debía seguir", indicó el diputado.
Los dos diputados consultados por Sputnik Nóvosti avalaron esta decisión de la Corte Suprema.
Desde el Frente Renovador, "veníamos avisando desde abril sobre el impacto que iba a ocasionar esto, y sobre los problemas de obviar las audiencias públicas", afirmó el diputado.
Su partido, tercera fuerza del Congreso por detrás del interbloque oficialista Cambiemos y la coalición opositora FpV, considera que ahora hay que apostar por el diálogo con el Gobierno.
Más confrontativo, el bloque kirchnerista intentó anular en el Congreso, la semana pasada, los decretos del Gobierno que aumentaban las tarifas.
Audiencias públicas
En su fallo del pasado jueves, el máximo tribunal del país también exigió al Ejecutivo la realización de audiencias públicas para fijar el precio del gas en los tres tramos que inciden en su valor: el de boca de pozo (la producción), el trasporte y la distribución.
Desde el Frente Renovador, "veníamos avisando desde abril sobre el impacto que iba a ocasionar esto, y sobre los problemas de obviar las audiencias públicas", afirmó el diputado.
"Creo que hay ciertos consensos en la necesidad de generar cambios en el esquema energético que venía llevando el Gobierno anterior y que dejaron el sistema deteriorado", indicó el parlamentario.
En consonancia con el fallo de alto tribunal, el Gobierno ha fijado ya la primera audiencia pública para el 12 de septiembre, y además dejó entrever "que se van a sentar con distintas fuerzas opositoras para tratar de buscar ciertos consensos", señaló el diputado.
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Aunque el Gobierno anunció que acatará la resolución judicial, el ministro de Justicia Germán Garavano señaló este viernes que el máximo tribunal del país había incurrido en varias contradicciones.
