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    Policías mexicanos en Michoacán (archivo)

    Policía de México masacró a 22 hombres en Michoacán, supone pesquisa federal

    © REUTERS / Henry Romero
    América Latina
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    CIUDAD DE MÉXICO (Spútnik) — El Gobierno de México debe investigar la posible ejecución arbitraria extrajudicial de 22 presuntos narcos el año pasado, en el pueblo de Tanhuato, en el estado de Michoacán, centro oeste del país, por parte de la Policía Federal, dijo el ombudsman federal.

    "Como resultado de la investigación realizada por este organismo nacional, con sustento en pruebas técnicas y científicas, se acreditaron hechos que implican violaciones graves a los derechos humanos, atribuibles a servidores públicos de la policía federal", dijo Luis Raúl González, presidente de la CNDH, organismo autónomo del Estado que funciona como Defensor del Pueblo.

    Entre las graves violaciones los derechos humanos está el "uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 personas", dijo en conferencia de prensa el titular del organismo del Estado.

    El enfrentamiento ocurrió el 22 de mayo de 2015, en un rancho donde supuestamente se ocultaban narcotraficantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se habrían enfrentado a una fuerza de cientos de policías federales, dice un dictamen de la CNDH.

    Aquel día, la fuerza letal desplegada mató en total a 43 personas —42 supuestos narcotraficantes y solo un agente federal—, y el jefe de la Policía Federal, Enrique Galindo, dijo que se trató de "un enfrentamiento con delincuentes del crimen organizado", pero un meses después aceptó que los agentes del operativo fueran investigados.

    El choque armado ocurrió tres semanas después de que esa organización criminal lanzó un vasto operativo que cercó con camiones quemados, gasolineras incendiadas y barricadas la ciudad de Guadalajara, segunda del país, y derribaron un helicóptero militar, donde murió una decenas de uniformados, atacado con un lanzacohetes RPG-2, cuando eran perseguidos sus líderes.

    El CJNG, una organización criminal que la agencia antidrogas de EEUU (DEA, en inglés) considera el segundo grupo más peligroso después del Cartel de Sinaloa del Joaquín Guzmán, alias El Chapo, y sería el grupo responsable del secuestro de los hijos del capo, que aguarda a ser extraditado al país vecino.

    La respuesta oficial

    El Comisionado Federal de Seguridad, Renato Sales, afirmó que "en apego a la política del Gobierno de la República, la recomendación emitida por la CNDH será aceptada".

    Sales destacó que las fuerzas federales "refrendan su compromiso de servir y proteger a los ciudadanos en el marco de legalidad y respeto a los derechos humanos".

    La aceptación de la recomendación es "con el propósito de contribuir a que la investigación de este caso se siga de forma imparcial, sustentada en pruebas científicas y elementos objetivos que deben ser valorados en su conjunto para evitar apreciaciones aisladas y señalamientos infundados".

    Aquel día, explicó, más de 50 personas armadas invadieron una propiedad, "por lo cual el agente del Ministerio Público de la Federación, ordenó a la Policía Federal, se apersonara a enviar elementos al lugar señalado (…), inmersos en situaciones de extrema violencia en el marco del cumplimiento de su deber".

    Un sujeto detenido el 10 de junio de 2015 por la Fiscalía General de Jalisco estuvo en el rancho días antes del enfrentamiento, y "mencionó que al rancho llegaron tres líderes del grupo delictivo Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un estimado de 700 sujetos armados retirándose luego un grupo importante y otros permanecieron en el lugar".

    "Es sin duda un evento muy lamentable, donde además del policía federal pierde la vida y efectivamente fallecen 42 presuntos integrantes de la delincuencia organizada que se negaron, insistimos, a deponer sus armas", enfatizó Sales.

    La policía federal afirma que se someterá con los criterios del marco jurídico internacional en materia de derechos humanos: "una ejecución extrajudicial, sumaria, es aquella privación de la vida perpetrada por agentes del Estado como consecuencia de un uso excesivo de la fuerza que no obedezca a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad".

    El uso masivo de las armas "fue necesario y proporcional real ante la agresión inminente y sin derecho, es decir, se actúa, a nuestra consideración, en legítima defensa, dado que los agresores contaban con armamento reservado para el uso exclusivo de la fuerza pública".

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    Etiquetas:
    masacre, México, Michoacán
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