El proceso en su contra es "oscuro y ambiguo" y "fue montado" en su contra, sostuvo la exmandataria.
La causa Hotesur surgió a raíz de una denuncia de la diputada opositora Margarita Stolbizer en noviembre de 2014 en la que advertía una falta administrativa, la omisión de la Inspección General de Justicia de sancionar a la empresa por no haber presentado sus actas y balances.
"Obsérvese la insignificancia de la conducta que se quiso presentar como dolosa: la sanción prevista para dicha falta administrativa fue solo una multa que apenas superó los 3.000 pesos (200 dólares) y que fue abonada oportunamente", explicó la exmandataria.
La diputada alegó en su denuncia que esas habitaciones no estaban realmente ocupadas, "cuando en realidad Hotesur nunca alquiló ninguna habitación a nadie, sino que alquiló el único inmueble de su propiedad a Valle Mitre S.A., operadora turística de la Provincia de Santa Cruz", alegó Fernández.
La exjefa de Estado advirtió que la denuncia de Hotesur no era original, ya que un año antes, los diputados Elisa Carrió y Fernando Sánchez habían formulado una similar ante los tribunales.
En la presentación judicial se insiste en que la legisladora Stolbizer, pese a que fue rechazada como parte querellante en todas las instancias judiciales, prosiguió con la estrategia procesal, "ampliando y confundiendo el objeto investigado hasta límites increíbles".
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 5 августа 2016 г.
"Por ejemplo, llegó al absurdo de plantear, a partir de la 'noticia que le hicieron llegar', como siempre, 'fuentes no identificadas', que nada más ni nada menos, se habían adulterado los sistemas informáticos de la Administración Federal de Ingresos Públicos con el propósito de hacer aparecer como presentadas en término las declaraciones juradas de impuestos correspondientes a las personas físicas y jurídicas investigadas", manifestó la expresidenta.
La imputación contra la exmandataria en esta causa pretende establecer si los alquileres de habitaciones del Hotel Alto Calafate eran legítimos o un canal para lavar dinero, así como determinar si ese dinero fue resultante de sobornos cobrados por concesiones de obras públicas.
