"Esto no va a quedar así. Vamos a presentar un recurso de queja ante el fiscal superior. Si no encontramos justicia en el Perú, vamos a acudir nuevamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)", advirtió este jueves a Sputnik Nóvosti la abogada y directora de la ONG feminista Demus, María Ysabel Cedano.
Bajo el mandato de Fujimori (1990-2000) se implantó en Perú un Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar que dio como resultado la esterilización de cerca de 300.000 mujeres, principalmente de procedencia rural, con escasos recursos económicos y en su mayoría indígenas.
La fiscal Marcelita Gutiérrez archivó el miércoles la denuncia contra Fujimori y los exministros de Salud Eduardo Yong Motta (1994-1996) y Marino Costa (1996-1999) y el actual congresista Alejandro Aguinaga al considerar que no existió un aparato organizado de poder que ejecutara las esterilizaciones forzadas, publicó el diario local La República.
La Fiscalía procederá a denunciar penalmente a los médicos y especialistas de salud involucrados en esos casos aislados.
Larga investigación
Cedano recordó que en 2003 el Estado suscribió un acuerdo de solución amistosa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza, campesina que murió en 1998 a consecuencia de una esterilización forzada, y en el que Perú se comprometió a indemnizar a sus familiares y a investigar y sancionar a los responsables de estas prácticas.
En 2004, continuó Cedano, comenzó una investigación. La Fiscalía presentó cargos contra el personal médico responsable de la esterilización de Mestanza, pero no contra las autoridades gubernamentales, librando así de responsabilidad tanto a Fujimori como a sus exministros de Salud.
En 2014 el fiscal Marco Guzmán Baca resolvió archivar la causa judicial utilizando los mismos argumentos que ahora ha presentado Gutiérrez, añadió, pero en 2015 fue reabierta a pedido de las víctimas.
Más de dos mil mujeres
"El Ministerio Público ordenó a la fiscal Marcelita Gutiérrez que investigara de forma complementaria y ella ha extendido los plazos", criticó Cedano, quien asegura que se trata de un caso de violación a los derechos humanos que debe ser investigado para determinar que hay responsables directos y políticos.
"La única razón para que haya demorado tanto es un intento de indultar a Fujimori (quien cumple una condena de 25 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y corrupción) porque este caso era una piedra en el zapato", añadió Cedano, abogada en el caso de Mamérita Mestanza, Celia Ramos y Victoria Vigo.
Asimismo, Cedano lamentó no haber recibido ninguna notificación sobre la decisión de Gutiérrez de archivar la denuncia contra Fujimori y aseguró que se enteró a través de la prensa.
"Nos hemos enterado por los medios de comunicación y justo se hace cuando asumen el nuevo presidente (Pedro Pablo Kuczynski) y además es feriado en el país. No le dan un trato igualitario a las partes. Es injusto para las víctimas y si no hay (delito de) lesa humanidad no habrá reparación para las víctimas", sostuvo.
Al menos 18 mujeres murieron en los últimos años por complicaciones derivadas de la esterilización forzada a las que fueron sometidas.
