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    BUENOS AIRES (Sputnik) — El Gobierno de Argentina publicó este viernes en el Boletín Oficial la ley que establece una amnistía fiscal para los capitales argentinos no declarados que estén radicados en el exterior y el pago de las deudas pendientes a jubilados y pensionados.

    "Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260, creación", publicó este viernes el Boletín Oficial.

    La ley fue sancionada el 29 de junio en el Senado con 56 votos positivos y 11 negativos y habilita el pago de juicios pendientes a los jubilados que demandaron al Estado por liquidaciones incorrectas. Los afectados podrán cobrar a partir del mes de septiembre.

    Existen unos 300.000 juicios por reajuste de haberes que los jubilados interpusieron contra el Estado por la falta de actualización de sus pensiones desde la crisis de 2001, principalmente entre los años 2002 y 2006.

    También se cancelarán las deudas que tiene el Estado con unos 700.000 pensionistas que nunca recurrieron a los tribunales.

    El proyecto de ley beneficiará en total a 2,5 millones de jubilados, según el Gobierno. La iniciativa contempla una pensión universal a la vejez, que otorga el 80 por ciento del haber mínimo a los mayores de 65 años, al margen de los años que hayan cotizado.

    Blanqueo de capitales

    La actualización de los haberes, el pago de los juicios pendientes y retroactivos, y la nueva pensión universal serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autoriza la nueva ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

    Uno de los puntos más cuestionados de la ley es el que habilita la venta de acciones de empresas privadas que tiene en su poder la Anses, al derogarse la medida aprobada durante el Gobierno anterior que prohibía vender esos activos sin la autorización de los dos tercios de las dos cámaras del Congreso.

    Durante la discusión de la ley, el oficialismo aceptó incorporar un artículo por el que las acciones de la seguridad social argentina en una compañía privada no pueden caer por debajo del siete por ciento.

    La amnistía fiscal estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017 sin posibilidad de que sea prorrogada. Los tres poderes del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal– quedan excluidos del blanqueo, así como los familiares de los funcionarios que trabajen en la administración pública.

    Además quedan exentos de la ley los fondos depositados en cualquier país cuyos sistema bancario e impositivo esté incluido en la lista de "alto riesgo" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

    Cualquier monto que no supere el equivalente a 20.300 dólares podrá ingresar al país sin ningún costo.

    Hasta los 53.000 dólares, los evasores deberán pagar una multa del cinco por ciento. En caso de superar esa cifra, el impuesto a cobrar será del 10 por ciento si el blanqueo se produce antes del 31 de diciembre de 2016, y del 15 por ciento después de esa fecha.

    Etiquetas:
    blanqueo de dinero, jubilados, Argentina
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