"Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, ley 27.260, creación", publicó este viernes el Boletín Oficial.
La ley fue sancionada el 29 de junio en el Senado con 56 votos positivos y 11 negativos y habilita el pago de juicios pendientes a los jubilados que demandaron al Estado por liquidaciones incorrectas. Los afectados podrán cobrar a partir del mes de septiembre.
También se cancelarán las deudas que tiene el Estado con unos 700.000 pensionistas que nunca recurrieron a los tribunales.
El proyecto de ley beneficiará en total a 2,5 millones de jubilados, según el Gobierno. La iniciativa contempla una pensión universal a la vejez, que otorga el 80 por ciento del haber mínimo a los mayores de 65 años, al margen de los años que hayan cotizado.
Blanqueo de capitales
La actualización de los haberes, el pago de los juicios pendientes y retroactivos, y la nueva pensión universal serán financiados con los fondos del blanqueo de capitales que autoriza la nueva ley y que irán al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).
Durante la discusión de la ley, el oficialismo aceptó incorporar un artículo por el que las acciones de la seguridad social argentina en una compañía privada no pueden caer por debajo del siete por ciento.
La amnistía fiscal estará vigente hasta el 31 de marzo de 2017 sin posibilidad de que sea prorrogada. Los tres poderes del Estado en sus tres niveles –nacional, provincial y municipal– quedan excluidos del blanqueo, así como los familiares de los funcionarios que trabajen en la administración pública.
Cualquier monto que no supere el equivalente a 20.300 dólares podrá ingresar al país sin ningún costo.
Hasta los 53.000 dólares, los evasores deberán pagar una multa del cinco por ciento. En caso de superar esa cifra, el impuesto a cobrar será del 10 por ciento si el blanqueo se produce antes del 31 de diciembre de 2016, y del 15 por ciento después de esa fecha.