La condena de prisión de López es errada, porque se basó en su discurso y no en las consecuencias que causó, "y si esa pena se le deja a ese caballero, en muy poco tiempo estaría gozando de libertad", dijo a esta agencia el abogado de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, Enrique Tineo Suquet.
Es que, según este jurista, la sentencia debe ser apelada y revisada, no para absolver al dirigente opositor sino para enmendar el error que, considera, se cometió al juzgarlo por su discurso y no por los 43 muertos que ocasionaron las protestas violentas de 2014.
"Él protagonizó un movimiento llamado La Salida que no es más que un plan generador de violencia ciudadana, que buscaba sacar de la presidencia a Nicolás Maduro, y por esos hechos él está detenido", argumentó Tineo Suquet.
En cambio, para el jurista José Vicente Haro, profesor de la Universidad Central de Venezuela y defensor de derechos humanos, López debería quedar en libertad como un acto de "justicia".
No existen pruebas de que el dirigente opositor haya dispuesto recursos o medios para materializar los delitos de los cuales se le acusa, alegó Haro.
"La misma fiscalía cuando presenta las pruebas contra López evidencia que lo único que tiene es el discurso, como conexión entre los hechos y Leopoldo López", explicó el abogado.
Haro destacó que en el expediente judicial no figuran delitos de "conspiración, golpe de Estado, lucha armada", el tipo de delitos "que el Gobierno siempre usa en sus discursos para referirse a López, por eso se lo considera un preso de conciencia".
Críticas al proceso
Así, bajo diferentes argumentos los juristas coinciden en que el dirigente podría quedar en libertad.
Para Haro, López debe ser absuelto, mientras que para Suquet la causa tiene que ser revisada y el detenido debe ser sometido a un nuevo proceso para eliminar la posibilidad de que sea liberado.
López fue hallado culpable de tres delitos: instigación a delinquir, intimidación pública y daños a la propiedad estatal.
Al inicio del proceso se incluyó en su expediente homicidio intencional calificado, pero posteriormente fue desestimado, pese a la petición del Comité de Víctimas de las Guarimbas, integrado por un grupo de familiares de los 43 muertos que se registraron durante las protestas opositoras de febrero de 2014.
