En Colombia la justicia también tiene rostro aborigen

Desde hace 25 años funciona en el país un sistema jurídico que permite a las comunidades indígenas practicar sus propias formas de legislación y castigo.

A partir de la Constitución de 1991, los pueblos indígenas colombianos obtuvieron entidad jurídica territorial, o jurisdicción especial indígena. Estas comunidades "pueden aplicar justicia de acuerdo a sus prácticas tradicionales. Tienen la posibilidad de tener su propio sistema de justicia y su propio Gobierno de acuerdo a sus estructuras tradicionales", dijo a Sputnik Janneth Lozano Bustos, directora de la Corporación de Apoyo a Comunidades Populares (Codacop), una ONG que acompaña a comunidades y organizaciones indígenas en diferentes regiones del país.

Este sistema se aplica en coordinación con la justicia ordinaria y no puede traspasar sus límites. "Hay temas que exceden la competencia del código indígena, como los niños, que dentro de la Constitución colombiana son de interés superior. Los delitos que tienen que ver con los derechos fundamentales de la niñez no se rigen por el sistema propio de las comunidades", dijo Lozano Bustos.

Cerca del 31% del territorio colombiano es indígena. Según la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), el país cuenta con una población de unos 1.400.000 indígenas, distribuidos en 102 comunidades. Casi medio millón de ellos conservan 65 dialectos nativos. El 75% vive en zonas rurales.
No todas esas comunidades se acomodaron al sistema del mismo modo.

"Vale indicar que durante el proceso de dominación y aculturación algunos pueblos perdieron esa práctica [de justicia] y otros no se adecuaron. Pero otros han avanzado en sus propias experiencias de derecho. Han ido formando personas que tienen capacidad de aplicar justicia y tienen sus propios mecanismos", explicó la especialista.

Para la aplicación de sanciones, las comunidades indígenas realizan un análisis que contempla los impactos que tienen sus juzgamientos a los derechos colectivos y a los derechos humanos fundamentales dentro del marco de legislación nacional. "En muchos casos las comunidades deciden si una persona debe ir a una cárcel. Pero como los indígenas no tienen un sistema carcelario propio, tienen unos convenios de coordinación con el sistema penitenciario para mandar a las personas que hayan cometido delitos a purgar sus penas en establecimientos carcelarios. Estas comunidades no creen en el objetivo resocializador de nuestro sistema carcelario. Los indígenas creen que hay sistemas más adecuados para llevar adelante esos procesos de resociabilización", dijo Lozano Bustos.

Más allá del progreso en estos últimos años, Colombia aún está en proceso de incorporar el sistema jurídico indígena.

"Hay dificultad para reconocer las formas de justicia. En muchas comunidades se suelen realizar castigos corporales como los fuetazos [latigazos]. Desde la perspectiva occidental esto suena a tortura. Hay una tensión en este sentido. La Corte Constitucional dijo que esto está dentro de las prácticas tradicionales y lo admitió. Pero es otra de las tensiones, como lo son el alcance de las jurisdicciones y la financiación. Todo esto se encuentra en proceso de discusión", concluyó la directora.