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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El secretario de la Función Pública de México, Virgilio Andrade, responsable federal de la vigilancia del desempeño transparente de los funcionarios públicos, ha renunciado a su cargo.

    La dimisión fue anunciada en un mensaje a los medios por el propio Andrade, horas antes de que el presidente Enrique Peña promulgue las leyes secundarias del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que él mismo vetó a finales de junio para que el Congreso realizara ajustes.

    El funcionario, quien fue designado por el propio jefe del poder Ejecutivo en febrero de 2015, entre otras responsabilidades con la misión de esclarecer si existía un conflicto de intereses en la adquisición de una mansión de la primera dama, Angélica Rivera, construida y financiada por un contratista del gobierno y amigo del mandatario.

    La reforma constitucional y las leyes secundarias anticorrupción que será promulgada en el Palacio Nacional ante todos los poderes federales, "establece un nuevo aspecto fundamental" —dijo Andrade-: que su titular, integrante del futuro Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), sea nombrado por el Presidente, pero también por primera vez sea ratificado por el Senado de la República.

    De esta manera, "tenemos el día de hoy el inicio de una nueva era en la secretaría de la Función Pública; por tal motivo, decidí presentar el día de hoy al Presidente de México mi renuncia", dijo Andrade.

    El objetivo de la renuncia es permitir a la Presidencia cumplir con el mandato constitucional de contar dentro del SNA con un secretario de la Función Pública "debidamente nombrado y ratificado por el Senado", puntualizó.

    Un funcionario polémico

    El renunciante, cuya designación al principal cargo federal anticorrupción fue muy cuestionada por la oposición, por tratarse de un viejo amigo del mandatario, dijo que con las nuevas leyes finaliza "la era de la administración tradicional del control interno para dar paso a un nuevo episodio ciudadano y plural".

    El nuevo rol de la secretaría de la Función Pública "ofrece hoy condiciones en su estructura, en sus sistemas, en sus vínculos institucionales e internacionales y también en sus mesas de diálogo, las condiciones para desde el día de hoy, realizar aportaciones importantes al Sistema Nacional Anticorrupción", considera Andrade.

    La mansión de la Primera Dama —quien anunció después que para evitar suspicacias pondría en venta la llamada "Casa Blanca"—, fue construida por la constructora del Grupo Higa, de acuerdo con una investigación en cabezada por la periodista Carmen Aristegui, quien como consecuencia fue despedida como conductora del principal noticiario en la cadena MVS, bajo supuestas presiones del gobierno.

    Andrade también recibió el año pasado instrucciones de investigar otro posible conflicto de interés, en una residencia de descanso del secretario de Finanzas, Luis Videgaray, construida por el mismo empresario de Grupo Higa en un club de golf del pueblo prehispánico de Malinalco, en el central estado de México, que fue gobernado por Peña antes de ser presidente.

    Pero en agosto de 2015, Andrade dio a conocer el resultado de las investigaciones en las cuales exoneró a ambos altos cargos del Ejecutivo de haber incurrido en algún conflicto de intereses, lo cual fue severamente criticado por la oposición y la prensa crítica.

    En la reforma constitucional y las leyes secundarias que serán promulgadas la tarde del lunes, el nuevo responsable del cargo que deja Andrade —quien era señalado de ser "juez y parte" del Gobierno— desempeñaría un papel central en este modelo, pero ahora bajo vigilancia el Congreso.

    La versión anterior de las leyes anticorrupción fueron vetadas por Peña porque obligaba no solo a los funcionarios públicos sino a cualquier empresa o ciudadano que ejerza fondos públicos, a presentar tres declaraciones juradas, conocida como "Ley Tres de Tres": declaraciones fiscal, patrimonial y de conflicto de intereses.

    Los inversionistas se opusieron a que se extendiera a unas 100.000 empresas proveedoras del Gobierno y ciudadanos esa obligación dirigida a controlar a los funcionarios.

    El presupuesto federal mexicano asciende a unos 240.000 millones de dólares en 2016, y organismos civiles de expertos consideran que alrededor del 10 por ciento se pierde anualmente en actos de corrupción, es decir entre 20.000 y 25.000 millones de dólares.

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    Etiquetas:
    dimisión, Función Pública de México, Virgilio Andrade, México
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