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    MONTEVIDEO (Sputnik) — El comisionado residente de Puerto Rico en Washington, Pedro Pierluisi, reclamó al gobernador Alejandro García Padilla un mecanismo para transparentar el costo de cada ley aprobada para minimizar la injerencia de la Junta de Supervisión Fiscal creada por EEUU, informa el medio local El Vocero.

    "Le solicito a su administración establecer un sistema formal bajo el cual la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), o cualquier otra entidad gubernamental apropiada, hagan disponible al público un estimado del impacto de la legislación sobre los gastos e ingresos", dice la misiva de Pierluisi, quien ocupa el cargo de representante de Puerto Rico sin voto en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

    Esto permitirá al Gobierno puertorriqueño, según el funcionario, ganar espacio para sus decisiones, mientras promueve la disciplina fiscal.

    La Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa por sus siglas en inglés), que EEUU puso en vigor el 30 de junio, "faculta a la Junta de Supervisión a revisar toda la legislación aprobada por el Gobierno, pero este poder está limitado y bien definido".

    Esa Junta, cuyos miembros todavía no han sido nombrados, despertó muchas críticas por los poderes que tendrá por encima del Gobierno del Estado Libre Asociado.

    De hecho, el gobernador debe enviar a la Junta el texto de cada ley en un plazo máximo de siete días después de su aprobación.

    Pero, argumenta Pierluisi, si el gobernador informa a la Junta sobre el impacto presupuestal de la ley aprobada y una certificación de que no es incompatible con el plan fiscal, ambos emitidos por la OGP, entonces las leyes aprobadas por Puerto Rico estarían "completamente exentas de ser revisada por la Junta de Supervisión".

    Según el legislador, el único caso en que la Junta de Supervisión podría estar autorizada a bloquear la entrada en vigor de una ley puertorriqueña se daría si el Gobierno no suministra el costo estimado de su aplicación o no certifica que es compatible con el plan fiscal.

    "En resumen, siempre y cuando el Gobierno de Puerto Rico legisle responsablemente, es sumamente improbable que cualquier ley aprobada sea revisada por la Junta y mucho menos devuelta", dice Pierluisi en su carta.

    Según El Vocero, la Asamblea Legislativa puertorriqueña había aprobado en 2006 una ley que prohibía legislar sobre cualquier materia sin una previa certificación del costo fiscal del proyecto y de la disponibilidad y procedencia de los fondos para financiarlo.

    Pero la disposición fue derogada en 2013.

    Puerto Rico se vio obligado a aceptar la ley Promesa luego de que García Padilla admitiera en 2015 que la deuda pública de 70.000 millones de dólares era impagable y de que tanto el Congreso como la justicia de EEUU le prohibiera el derecho a declararse en quiebra y renegociar con sus acreedores.

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    Etiquetas:
    ley PROMESA, Alejandro García Padilla, Pedro Pierluisi, Puerto Rico, EEUU
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