"No es de extrañar esa posición: si el presidente de EEUU, Barack Obama, ya fue capaz de renovar un decreto que nos declara a todos nosotros, a todo el país, una amenaza, qué podemos esperar de allí hacia abajo", dijo a Sputnik el diputado Ramón Lobo, de la coalición oficialista Gran Polo Patriótico.
Por su parte, la diputada Dennis Fernández, de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, afirmó respetar la decisión del Gobierno de EEUU y exigió a los funcionarios implicados que rindan cuentas a los venezolanos.
"Esa sanción tiene su razón de ser y su razón de peso: esos funcionario que no han rendido cuentas de lo que han hecho, del capital que tienen en el extranjero, en algún un deberán rendir cuentas", dijo la parlamentaria a Sputnik.
Las medidas incluyen la congelación de activos y la anulación de las visas a "violadores de los derechos humanos del régimen de Maduro", indicó la congresista estadounidense Ileana Ros-Lehtinen al diario El Nuevo Herald.
Ros-Lehtinen incluso sugirió al presidente Obama que en el documento se añadan más nombres de funcionarios venezolanos.
Hasta el momento la Cancillería de Venezuela y el presidente Maduro no se han pronunciado al respecto.
