Aranguren "no solo tiene la información antes que cualquier otro accionista, sino que es quien decide lo que sucede en ese mercado, definiendo políticas estatales que benefician o perjudican a la empresa anglo-holandesa de la cual es accionista, creando de este modo, la información", señala la denuncia.
Esa compra, en la que se denunció al funcionario por el supuesto pago de sobreprecios y por ejecutarla sin licitación, resulta ser un 128 por ciento más caro que el gas que obtiene Argentina de Bolivia, principal proveedor del país.
Los legisladores explicaron que "la empresa gasífera de Bolivia que nos proveía de gas hasta la llegada del Ministro Aranguren es BG, que tiene intereses en ese país".
"Tal como explica el consulado boliviano, están recibiendo ofertas por 8 dólares cuando a nosotros nos cobran 3 o 4 dólares", explicaron los diputados.
"El interés" de la empresa anglo-holandesa Royal Dutch Shell PLC "como dueña de BG y Repsol, no es el de venderle a los "hermanos" argentinos el gas a 3 o 4 dólares, sino a los compradores que están ofreciendo 8 dólares, sin importar lo que les suceda a los "hermanos" rioplatenses", agregaron Doñate y Tailhade.
El interés del ministro, deducen los diputados, "es que Argentina le compre a Chile el gas a 6,9 dólares antes que recibir en Bolivia los 3 o 4 dólares del contrato que Argentina tiene con ese país hermano, y así poder venderle a esos "compradores" el gas boliviano a 8 dólares",
El gas que proviene de Chile es de origen noruego, señala la denuncia, y fue transportado desde el sur de Francia como Gas Natural Licuado en barco hasta la planta de regasificación de Mejillones, en la costa pacífica del norte de Chile.
Las acciones de la Royal Dutch Shell, por otro lado, aumentaron al pasar el 20/01/2016 de 16,67 euros la acción hasta 22,88 euros la acción el día 10/06/2016, un aumento del 37,25 por ciento en euros.
"Si el Estado argentino favorece con todas sus políticas a la empresa Shell, y sus acciones aumentan de valor, en alguna medida es consecuencia lógica y natural de esas medidas", señalaron los diputados.
El caso ya está siendo investigado por el fiscal Carlos Stornelli, que el 3 de junio pasado imputó al funcionario para investigar las supuestas incompatibilidades en las que habría incurrido Aranguren como ministro.
La ley de Ética Pública estipula que los funcionarios tienen que "abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos tres años o en los que tenga participación societaria".
