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    Histórico acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC (307)
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    BOGOTÁ (Sputnik) — La guerra interna colombiana de más de medio siglo se originó en promesas incumplidas de la reforma agraria de 1961, un asunto que encabezó la agenda de paz que han pactado la guerrilla FARC y el Gobierno.

    Colombia vive en los hechos un proceso de concentración agraria por la fuerza y el dinero de actividades ilícitas, que se emplean para intimidar a los campesinos e indígenas y provocar así su desplazamiento de zonas de interés para las elites agrarias.

    Por delante de Siria, Colombia es el país con mayor número de desplazados: 6,9 millones, según informó el lunes el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

    Utopía agraria

    En 1961, el presidente liberal Alberto Lleras creó el Comité Nacional Agrario y el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria con el fin de adjudicar tierras a campesinos.

    La iniciativa buscaba crear un conjunto de medidas para modificar la estructura productiva y de propiedad del campo y así mitigar una violencia de décadas, en buena medida atribuida a la concentración de las tierras en pocas manos y a la baja productividad agrícola.

    Lleras intentó consolidar la reforma agraria, pero no logró frenar la expropiación ilegal y continua de tierras que agravó las tensiones en el campo y dio origen en 1964 a las guerrillas izquierdistas FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y ELN (Ejército de Liberación Nacional).

    Solo ocho años después, en 1972, grandes hacendados se reunieron con los partidos Conservador y Liberal y establecieron un acuerdo que sepultó la reforma agraria de 1961, ya que permitió legalizar una contrarreforma.

    Desde entonces, sectores de terratenientes apoyaron la creación de milicias armadas para reprimir la organización campesina y desplazar de sus tierras a quienes se interpusieran en sus proyectos productivos.

    Todos por la tierra

    El narcotráfico tomó también parte en la escena y desde hace cuatro décadas ha contribuido a degradar el conflicto, apoderándose de grandes extensiones agrícolas para sembrar coca y para invertir dinero que necesita ser lavado en proyectos productivos.

    Los cárteles narcotraficantes dieron origen a su vez a grupos paramilitares que protegían sus cultivos y que adquirieron vida propia, convirtiéndose en las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la década de los 90 y extendiéndose por buena parte del país.

    Las AUC, peleando junto al ejército, agudizaron el conflicto con las FARC y el ELN.

    En medio de esas facciones se encontraron nuevamente los campesinos, principales víctimas del conflicto, ante una renovada andanada de desalojos y desplazamientos masivos motivados por las alianzas entre narcos, paramilitares y políticos.

    Estas alianzas modificaron aún más el mapa de la tenencia de la tierra, sometida ahora a presiones de la ganadería y de los cultivos para combustibles, como la palma de aceite.

    Mientras, los hacendados capitalistas se beneficiaron de la apertura económica, del impulso exportador para ciertos rubros y de la llegada de corporaciones extranjeras interesadas en recursos naturales, así como de la eliminación de medidas de apoyo a los campesinos.

    La Constitución de 1991 otorgó protección a las tierras de pueblos indígenas y abrió el camino para leyes que reconocieron los territorios de afrodescendientes, pero los campesinos quedaron sin ningún tipo de protección ante estos embates.

    Así las cosas, la contrarreforma agraria cobró mayor dinamismo.

    En dos décadas, la ganadería pasó de 19 millones de hectáreas a 40 millones, al tiempo que los 14 millones de hectáreas de la pequeña agricultura campesina se contrajeron apenas a cinco millones.

    Luego de la desmovilización parcial de las AUC en 2003 y 2004, sus remanentes, las bandas criminales (Bacrim) encabezan los despojos de tierras sobre todo para cultivos ilícitos.

    Por eso, el primer acuerdo negociado por el Gobierno y las FARC es una reforma rural integral de cuatro pilares.

    Desarrollo integral

    El primero es el acceso y el uso de la tierra, mediante un fondo de tierras de distribución gratuita para campesinos despojados, acompañado de asistencia técnica, riego y crédito.

    El segundo es el establecimiento de programas de desarrollo en las regiones más afectadas por la guerra y la pobreza.

    El tercero se refiere a la provisión de infraestructura (transporte, riego, electricidad), además de salud, educación, vivienda y agua potable, estímulos a la producción agrícola familiar y formalización laboral.

    El cuarto pilar es la seguridad alimentaria, mediante mayor producción de alimentos por las familias, el fortalecimiento de los mercados locales, el manejo adecuado de los alimentos y programas especiales contra el hambre.

    Tema:
    Histórico acuerdo entre el Gobierno de Colombia y las FARC (307)

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    Etiquetas:
    agricultura, Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia, Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), FARC, Alberto Lleras, Colombia
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