El "Informe sobre el Caso Iguala: Estado que guarda la investigación de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero", fue entregado por la Procuradora federal, Arely Gómez.
El documento describe las principales actuaciones que el Ministerio Público federal ha llevado a cabo en dicha investigación, pero sin avances concretos, en el primer paso tras el fin de la cooperación del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH) cuyo mandato expiro el mes pasado y el gobierno se negó a renovar.
La Procuradora dijo a los familiares de los jóvenes —de quienes solo uno ha sido plenamente identificado, en restos óseos calcinados rescatados de un río— contiene un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la indagatoria el 4 de octubre de 2014, hasta el 30 de abril de 2016, "encaminadas al esclarecimiento de los hechos, determinar el paradero de los jóvenes estudiantes, aprehender a los responsables y asegurar que esos delitos no queden impunes".
El nuevo funcionario recibió instrucciones para "actuar con estricto apego a la ley, honestidad, con transparencia, absoluta dedicación y privilegiando en todo momento el diálogo y trabajo cercano con los padres" de los jóvenes desaparecidos.
Las madres y los padres de los desaparecidos hicieron planteamientos sobre su inconformidad sobre el desarrollo de las indagatorias y acordaron nuevas reuniones periódicas de seguimiento al caso.
Los familiares exigieron que sea destituido el jefe de la Agencia Investigaciones Criminales (AIC), Tomás Zerón, por haber realizado una diligencia sin registro en el expediente con un sicario que había sido torturado, y fue trasladado a la vera de un río donde un día después fueron encontrados los restos calcinados que han permitido la única identificación, según revelaron los expertos de la CIDH en su último informe.
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