"Resulta conveniente y necesario adoptar las medidas tendientes a mitigar el impacto de la aplicación de los cuadros tarifarios aprobados y, en tal sentido, determinar un límite en el incremento que vaya a afectar al monto final facturado", señala la resolución del Ministerio, que lleva la firma de su titular, Juan José Aranguren.
El Ejecutivo dispuso que el aumento de las tarifas del gas para las viviendas no supere el 400 por ciento en relación a los nuevos precios que comenzaron a regir desde abril en todo el país.
El Gobierno adoptó estas medidas mientras distintos jueces intervienen para frenar las subidas de electricidad, gas y agua que dispuso la administración del presidente Mauricio Macri desde el comienzo de su mandato.
En las provincias patagónicas de Argentina, al sur del país, donde el frío es más intenso ante la proximidad del invierno, los aumentos de gas llegaron con un 2700 por ciento de aumento.
Asimismo, una medida cautelar frenó el lunes los aumentos de estos tres servicios públicos en el municipio más poblado y extenso de la provincia de Buenos Aires, La Matanza, donde viven más de 105.000 personas.
En los últimos días se han multiplicado este tipo de intervenciones, como la de un juez de la provincia de Neuquén (sur) que a finales de mayo frenó el aumento de la tarifa del gas en ese distrito patagónico.
La Justicia también intervino al aceptar una denuncia contra el ministro de Energía por parte de dos diputados del opositor Frente para la Victoria, Martín Doñate y Rodolfo Tailhade.
Entre las medidas de prueba que solicita a la Justicia, el fiscal pide que Aranguren envíe la documentación que posea sobre la empresa Shell, de la que el funcionario admitió poseer acciones, así como de los cuadros tarifarios que dispuso su ministerio.
Aranguren también fue denunciado por establecer la compra a Chile de 5,5 millones de metros cúbicos diarios de gas desde mayo a septiembre a un precio 128 por ciento más caro del que importa Argentina de Bolivia, principal proveedor del país.
