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    MONTEVIDEO (Sputnik) — Organizaciones feministas y de derechos humanos de Honduras han reclamado al Congreso, que debate el proyecto del nuevo Código Penal, aprovechar la oportunidad para despenalizar el aborto luego de más de tres décadas de prohibición, dijo a Sputnik Nóvosti la activista Neesa Medina.

    "Las posibilidades de despenalizar el aborto son mucho más fuertes ahora que hace 33 años, cuando el Código Penal lo tipificó como delito. Ocurrió en los años 80 en un contexto de gobiernos militares donde el nivel de articulación social era muy diferente", señaló Medina, de la organización Somos Muchas que lucha por la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

    Medina explicó a esta agencia que a partir del golpe de Estado de 2009 (al entonces presidente Manuel Zelaya) "muchas organizaciones se articularon dentro del marco de la defensa de los derechos humanos" y eso les dio fuerzas para ampliar las luchas.

    "No estamos solas, tenemos el apoyo de muchas organizaciones. No es solo un tema de la mujer para la mujer, sino de derechos humanos. La mejor posibilidad de esto es que somos diversas, estamos unidas por el mismo propósito", añadió la activista.

    Somos Muchas propone que no se considere delito la interrupción voluntaria del embarazo en caso de inviabilidad del feto, riesgo de vida de la madre y embarazo por violación sexual.

    "La mayoría de encuestas están a favor de que se despenalice y eso nos alegró mucho. Demuestra que este es el momento", añadió Medina, quien indicó que el principal problema es la clandestinidad a la que se someten unas 50.000 mujeres que, en promedio, abortan cada año en Honduras.

    Mientras, la Conferencia Episcopal emitió el miércoles un comunicado en el que rechaza cambios a las normas sobre el aborto en el marco de la discusión y aprobación del nuevo Código Penal, informó la prensa local.

    En opinión de Medina, la Iglesia Católica "no se habría pronunciado si no sintiera la amenaza latente de que la imposición de su moral está en un terreno frágil".

    Honduras, El Salvador y Nicaragua tienen las leyes más restrictivas de la región respecto al aborto, que incluyen penas de prisión para quien incurra en la interrupción voluntaria del embarazo sin importar las circunstancias.

    Uno de los problemas, señala Medina, es que no se ha enseñado a la sociedad hondureña a hablar de estos temas.

    "No se nos ha enseñado a debatir sobre aborto, solamente a opinar que está mal. Tampoco a hablar de sexualidad, deseo, libertad o autonomía. Hay respuestas prefabricadas que se emiten casi de forma automática cuando se habla del aborto", criticó Medina, también analista en el Centro de Derechos de Mujeres de Honduras.

    El Congreso hondureño tiene previsto seguir discutiendo el nuevo Código Penal hasta finales de año. 

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