Ya en junio podría considerarse la siguiente etapa, en la que los solicitantes serán llamados para que ratifiquen su voluntad de iniciar el proceso en centros electorales dotados de máquinas captadoras de huellas dactilares, que estarán ubicados en las 24 regiones del país.
El CNE exige 196.000 "expresiones de voluntad" (uno por ciento del padrón electoral) validadas presencialmente con huellas digitales para reconocer que una "asociación de ciudadanos" quiere que se inicie un proceso revocatorio.
Luego, en otras etapas se deberán recoger cuatro millones de firmas y huellas (20 por ciento del electorado), que si son validadas y auditadas podrán habilitar la convocatoria al referendo.
"Tengo derecho a defenderme", expresó el mandatario.
Juan Carlos Caldera, representante de la oposición en el proceso, dijo el jueves a medios locales que "la transcripción de datos y la revisión de firmas o huellas que los expertos del CNE consideren defectuosas puede invalidarnos unas 800.000 firmas".
La pugna entre opositores y oficialistas por acelerar o enlentecer el proceso responde a que si el referendo se realiza este año y el presidente Maduro es derrotado se elegirá un nuevo mandatario.
Pero si se efectúa en 2017 o 2018 y el resultado es adverso a Maduro entonces el vicepresidente por él designado completará el sexenio hasta enero de 2019.
