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Liberación de militares acusados de ejecuciones confirma impunidad en México

© AFP 2023 / Yuri CortezUn soldado mexicano (Archivo)
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CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) - La liberación de los últimos tres de ocho militares involucrados en las ejecuciones de sicarios, que se rindieron en un enfrentamiento en Tlatlaya en 2014, confirma la impunidad en México, dijo a Sputnik Nóvosti el defensor de DDHH, Edgar Cortez.

"El ciclo de la impunidad se cierra en el caso Tlatlaya", municipio del Estado de México, 200 km al sureste de la capital, dijo Cortez, director del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHyD), luego de que la noche del viernes fueron liberados los últimos tres militares de una patrulla.

La fiscalía federal informó la liberación de los miliares la noche del viernes, y señaló que "conforme al marco legal vigente, la Procuraduría General de la República (PGR) acata esta resolución judicial", de un tribunal, para liberar a Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández, quienes junto con otros cinco militares se enfrentaron contra presuntos delincuentes, la madrugada del 1 de julio de 2014.

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Sin embargo, en el mismo texto, el Ministerio Público federal "considera haber ofrecido los elementos de prueba suficientes para procesar a los tres elementos militares", por el enfrentamiento en una bodega, donde una patrulla militar mató a 22 supuestos pistoleros, a pesar de que entre ocho y 15 se rindieron y habían sido arrestados antes de ser ejecutados a mansalva.

El director del organismo humanitario y exsacerdote jesuita, dijo que "sucedidas las ejecuciones extrajudiciales, lo primero que hizo la Defensa Nacional fue dar una versión oficial que sostenía que había sido un enfrentamiento, pero el trabajo de investigación periodística torno evidente la mentira", tres meses después.

Tres meses después del parte militar, una mujer sobreviviente y liberada como supuesta secuestrada, pero en realidad madre de una adolescente asesinada aquella madrugada, habló a la revista Esquire en español y relató las ejecuciones de los sometidos.

Una investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos señaló que la escena del enfrentamiento fue alterada, y que 12 o 15 de los muertos fueron ejecutados, mientras que la fiscalía federal consideró que los ejecutados habían sido ocho.

Inocentes

Un tribunal ordenó la liberación, al considerar que los militares son "inocentes de los delitos de homicidio, encubrimiento en la modalidad de alteración y modificación ilícita de vestigios del hecho delictivo".

En octubre de 2015, un juzgado federal ya había concedido la libertad a otros cinco de los ocho militares inculpados de supuestas ejecuciones extrajudiciales, de alteración de la escena del enfrentamiento y de colocar armas sobe los cadáveres.

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Las investigaciones periodísticas basadas en una mujer sobreviviente, a las cuales se sumó la agencia estadounidense Associated Press (AP), "obligaron al gobierno federal a poner a funcionar a las instituciones de investigación de delito, la PGR, y el resultado es una sentencia que exonera, pues la investigación no tuvo la calidad suficiente", explica Cortez a Sputnik Nóvosti.

Rocío Culebro, del mismo IMDHyD, organismo defensor de víctimas, dijo a esta agencia el mismo día del extraño parte militar, a principios de julio de 2014, que el caso debía investigarse por la letalidad de la fuerza militar, por la sospecha de una gran cantidad de muertos y un solo militar herido.

"En el país tenemos un mediocre sistema de investigación de delitos; es en realidad una enorme puerta a la impunidad", lamenta ahora Cortez.

El director del IMDHyD dijo que "la impunidad en México es del 98 por ciento y en el dos por ciento que se juzga y castiga nunca estarán casos como Tlatalaya, y tampoco como el caso de la Casa Blanca", como se conoce a la investigación periodística que descubrió una residencia de la Primera Dama, comprada y financiada por un contratista del gobierno.

"El presidente Peña Nieto ha exonerado políticamente a los militares y el sistema de justicia les quita toda responsabilidad, por tanto seguiremos teniendo a los militares en las calles con garantía de total impunidad", puntualiza Cortez.

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Una docena de organismos defensores de DDHH, habían señalado antes de la liberación de los militares, en un documento conjunto, que en el caso Tlatlaya no ha sido investigada la responsabilidad de la jefatura que ordenó a la unidad militar "abatir a delincuentes en horas de oscuridad".

Las ONG insisten en que su advertencia sobre el riesgo de que el caso quede impune "obedece a que en la sentencia militar se exceden los límites del fuero militar".

"Las tropas deberán operar en la noche de forma masiva y en el día reducir la actividad, a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad", decía la orden.

Un juez castrense ya había absuelto de delitos militares a los implicados en este caso, a los cuales solo les imputó el delito de infracción del deber.

La mujer sobreviviente, Clara Gómez –presentada por los militares como víctima de secuestro-, dijo a los periodistas de Esquire, de AP y luego a un juez, que después del enfrentamiento los militares habían ejecutado a los supervivientes, entre ellos su hija: "les ponían contra la pared y les daban un balazo".

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