La medida se tomó "ante la falta de prestación de servicios médicos y de salud en 74 establecimientos carcelarios y la urgencia para atender a la población reclusa, prioritariamente a los internos con VIH (611), cáncer (89), diabetes insulinodependientes (1.112), EPOC (188) y psiquiátricos (2.884)", señala un comunicado del Ministerio de Justicia.
La declaratoria de emergencia faculta al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios a tomar acciones para enfrentar la crisis, como contratación directa de obras de mejoramiento, compra de medicamentos y atención urgente.
Se organizarán asimismo brigadas de salud inmediatas, se modificarán normas para que los profesionales de la salud que actualmente trabajan en áreas administrativas puedan pasar a atender pacientes y se rehabilitarán y equiparán áreas de sanidad en las prisiones, según el comunicado.
