La coalición opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD) disponía de un mes para recoger 195.721 rúbricas iniciales (uno por ciento del padrón electoral) en las 24 regiones del país, y en tres días colectó 1,8 millones, según sus dirigentes, y las entregó el pasado lunes al Consejo Nacional Electoral (CNE, uno de los cinco poderes del Estado).
El proceso se realiza según un reglamento que el CNE elaboró en 2007.
A continuación deberán darse los siguientes pasos, que pueden concluir a finales de noviembre o comienzos de diciembre según la oposición, pero quizás a mediados de 2017 según el oficialismo:
— Una comisión del CNE, con testigos de la MUD y del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) debe verificar que los datos de los solicitantes corresponden al menos a 195.721 electores, y emite un informe.
— El CNE aprueba el informe y llama a los firmantes para que entre uno y cinco días acudan a sus locales en cada región a certificar sus datos mediante procedimiento biométrico, es decir, ante máquinas que captan huellas dactilares.
— Tras ese paso, el CNE puede reconocer que hay las voluntades de uno por ciento del padrón (que cuenta a unos 20 millones de mayores de 18 años) y entonces se constituye una Agrupación de Ciudadanos interesados en el referendo.
— Constituida la Asociación, el CNE autoriza entonces la recolección de voluntades de 20 por ciento del padrón electoral, cuatro millones de personas, quienes deberán presentarse a centros del poder electoral en los más de 330 municipios para firmar y suministrar sus huellas indicando que desean el referendo.
— Si pueden recogerse esas cuatro millones de expresiones, entonces el CNE las verificará contra sus registros y si son válidas solo entonces convoca a referendo.
— El referendo debe realizarse dentro de los 90 días siguientes tras la verificación del 20 por ciento de voluntades promulgada por el CNE.
— El presidente Maduro sería revocado solo si en ese referendo la opción por cortar su mandato obtiene más votos que los 7.587.579 que lo eligieron en 2013.
Entre uno y otro paso hay lapsos y plazos, a veces señalados en días continuos y otros en días hábiles, además de verificaciones e informes, y podría haber impugnaciones, recursos de interpretación judicial o medidas cautelares que extendiesen los tiempos.
Una situación que podría invocarse para diferir cualquier consulta electoral es la emergencia económica que puede llevar a un estado de excepción, según ha dicho Maduro.
También el CNE puede dar prioridad y recursos a la elección de los gobernadores en 23 estados, que según los lapsos constitucionales debe efectuarse en diciembre de este año.
La diferencia está en que si Maduro fuese revocado antes del 10 de enero de 2017 deberá elegirse un nuevo presidente hasta 2019, pero si la revocatoria ocurre después de esa fecha entonces su vicepresidente, designado, completaría el período.
