"Vamos a apelar en estos días ante la Corte Suprema de Tucumán porque a Belén (nombre ficticio para proteger la identidad) le han armado una causa y le han plantado un feto", dijo su abogada, Soledad Deza, a Sputnik Nóvosti.
El martes, la Cámara Penal de Tucumán dio a conocer los argumentos por los que condenó a Belén el 19 de abril por "homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía" de un feto que fue encontrado en uno de los baños del hospital público Avellaneda, en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Amnistía y otras organizaciones han lanzado en estos días una campaña para denunciar la inconsistencia del caso y los maltratos y humillaciones de la policía y del personal sanitario que atendió a Belén, quien lleva más de dos años en prisión preventiva.
Deza, de la red Católicas por el Derecho a Decidir, tomó el caso apenas se enteró de la condena.
Irregularidades del caso
En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén acudió a la guardia del hospital con dolores abdominales y sin saber que estaba embarazada, explica su defensa.
"Desde las 8 de la mañana tuvo custodia policial en el hospital por supuesto homicidio y después fue acusada y enviada a prisión preventiva", explicó Deza.
La joven, que tenía entonces 25 años, nunca volvió a su casa.
Las autoridades hospitalarias le atribuyeron la maternidad de un feto encontrado en un baño del hospital, "pero no sabemos cómo llegó hasta allí porque no hay un acta de procedimiento policial que acredite las circunstancias en que se encontró, no se preservó la cadena de custodia ni la escena del crimen", explicó la abogada.
La mujer tuvo que declarar ya acusada de homicidio un día antes de que se realizara la autopsia del feto, el 27 de marzo.
Mientras, la historia clínica de Belén establece que sufrió un aborto espontáneo incompleto sin complicaciones de un feto que tenía entre 20 y 22 semanas de gestación.
El reconocimiento médico-policial sobre el hallazgo, que forma parte del expediente judicial, indica que el feto fue encontrado a las tres de la mañana del 21 de marzo de 2014, "cuando consta que Belén entró al hospital 50 minutos después", prosiguió su defensora.
Sin prueba de ADN
Casi un mes más tarde de lo sucedido, el 25 de abril, el director del hospital indicó a la Fiscalía que el supuesto feto de Belén estaba en descomposición y era necesario realizarle una prueba de ADN.
La abogada puntualizó que hay un destacamento policial que funciona permanentemente dentro del hospital, "por lo que no faltaban recursos" para hacer las averiguaciones de forma correcta.
Las razones que condenan a la joven "son los dichos cambiantes de los médicos que la atienden, que situaron la edad gestacional del feto en las 22 semanas, luego en las 26, después en las 27, hasta que finalmente lo hicieron crecer hasta las 32 semanas", agregó.
Al coincidir en el hospital Avellaneda –que ocupa una manzana completa– un feto y una mujer con un aborto espontáneo, "moralmente los conectaron, con colaboración de la policía y del Poder Judicial, que terminaron armando la causa para construir un homicidio", sostuvo.
Total indefensión
Aunque la Fiscalía no practicó pruebas genéticas, "el tribunal considera que no es una cuestión vinculante que no haya ADN que relacione a Belén con el feto", explicó Deza.
Pero ese motivo "jugó en contra de la imputada, y no a favor", esgrimió su actual abogada, que el martes solicitó la libertad de Belén y ahora prepara la apelación.
Católicas por el Derecho a Decidir, presente en varios países de América Latina, defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres desde una perspectiva católica y feminista.
La interrupción voluntaria del embarazo es ilegal en Argentina, excepto cuando el embarazo es producto de una violación o cuando la salud o la vida de la madre están en peligro.
