"Las disposiciones aprobadas son violatorias de los derechos humanos y además, no cumplen con los estándares de una correcta administración de justicia", dijeron en un pronunciamiento.
Las nuevas instancias militares de México plantean "problemas de compatibilidad con el marco jurídico establecido por el derecho internacional en materia de administración de justicia por tribunales militares", dice un análisis de las organizaciones encabezado por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los DDHH. (CMDPDH).
Las organizaciones manifestaron su preocupación de que, a diferencia de otros ámbitos, esta vez el Congreso no convocó a organizaciones de la sociedad civil para la elaboración de esta reforma, ni a expertos de la sociedad civil en el tema de justicia militar.
Las organizaciones exigen que únicamente los delitos que tengan que ver de manera estricta con la función militar sean sometidos a las autoridades castrenses.
Esos delitos están previstos en las leyes civiles "siempre deberían juzgarse por la autoridad civil, aún y cuando el sujeto activo o pasivo del delito sea una persona perteneciente a las Fuerzas Armadas".
Se ensancha el fuero militar
La reforma que se aprobó y el código militar "no sólo no limita el fuero militar de una manera adecuada y de conformidad con una correcta administración de justicia"; sino que, valida acciones en donde los militares pudieran extender la jurisdicción castrense sobre los civiles, dice el documento.
También critican la intervención de comunicaciones privadas, sin salvaguardas para evitar abusos en contra de civiles, relacionadas con la investigación de delitos cometidos por militares: "esto significaría extender el fuero castrense al civil".
El tema de las revisiones corporales no prevé una disposición explícita para las mujeres víctimas de violencia, como sí lo hace el código civil, lo que "denota una reducción de derechos" de las mujeres en el ámbito militar.
Los cateos "no deben de ninguna manera estar bajo control de las autoridades militares, ya que ello significaría la ampliación de la esfera de actuación restringida del fuero castrense".
Las autoridades militares "nunca deben levantar ni identificar cadáveres, ya que eso puede comprometer investigaciones que las autoridades civiles lleven a cabo", exigen las ONG.
Finalmente, la reforma ha eludido el cumplimiento de otras obligaciones preexistentes en materia de derechos humanos, como por ejemplo, dotar de imparcialidad e independencia a la llamada justicia militar.
Con la reforma actual, las ONG, académicos y defensores de DDHH consideran que "se sigue extendiendo el fuero militar para situaciones que no son de naturaleza castrense".
En otros grupos, el documento lo firman también la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de violaciones a los Derechos Humanos en México; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, el Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria".