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    Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos

    Expertos de la ONU: aún lejos la justicia en el caso Ayotzinapa de México

    © REUTERS / Edgard Garrido
    América Latina
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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el emblemático caso Ayotzinapa muestra fallas de los investigadores de México, y que la justicia y la verdad están lejos, dijeron este miércoles los expertos en DDHH de la ONU.

    El informe final presentado el domingo sobre la masacre de los estudiantes de la escuela rural de maestros por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, saldada con seis muertos y 43 víctimas de desaparición forzada, "identifica graves fallas en las investigaciones oficiales desarrolladas", dice un pronunciamiento emitido en Ginebra y México.

    El reporte del GIEI, cuyo mandato termina el 30 de abril debido a la negativa de México de prorrogarlo, "demuestra que todavía falta mucho por hacer para develar la verdad, garantizar la justicia y reparar a las víctimas", dicen los expertos de la ONU.

    El Informe del GIEI evidencia, "las serias deficiencias en el sistema de justicia, las preocupantes debilidades del Estado para investigar con la debida diligencia manifiestas violaciones a los DDHH y el sofisticado nivel de coordinación de algunas autoridades en la comisión de crímenes".

    Los expertos de la ONU son el grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias: el relator especial sobre defensores de DDHH, Michel Forst; la relatora especial para la independencia de los magistrados y abogados, Mónica Pinto; el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns; y relator especial sobre tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez.

    Fallas de gobierno

    El informe de los expertos planteó nuevas líneas de investigación y formuló pertinentes recomendaciones a México, "desde los más altos estándares internacionales", observaron los expertos.

    Además demuestra la importancia de la asistencia técnica y el escrutinio internacional, "especialmente en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos que experimenta México".

    Los expertos de la ONU señalan además que sus conclusiones coinciden con las del Equipo Argentino de Antropología Forense, que apoya a las familias de las víctimas –rechazado por las autoridades mexicanas– sobre el llamado basurero de Cocula, Guerrero, donde la Fiscalía federal afirma que los jóvenes fueron incinerados, pero donde el GIEI establece por lo menos 27 irregularidades y contradicciones en las investigaciones oficiales.

    Consideran además "lamentable, que en la segunda etapa de su mandato, el GIEI no haya contado con la plena colaboración del gobierno y haya sido objeto de campañas de descrédito a su trabajo y a los resultados de sus investigaciones", sin restar solidez ni seriedad de sus hallazgos, enfatizan.

    Los especialistas de la ONU deploraron también "las campañas de desprestigio contra el legítimo y muy valioso trabajo de varias organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos que han apoyado a las familias de los estudiantes y a otras víctimas".

    Las víctimas deben "estar en el centro de toda la acción del Estado", dice el mensaje al gobierno de Enrique Peña, el Congreso y la Suprema Corte.

    Asimismo, alentaron a seguir exigiendo al Estado mexicano "que dé a conocer la verdad, esclarezca el paradero de los estudiantes, sancione a todos los responsables conforme a las reglas del debido proceso y garantice su derecho a la reparación integral".

    Los expertos valoraron como positivas las declaraciones de varias autoridades en respuesta al informe final del GIEI, pero llamaron a la pronta implementación de las recomendaciones del GIEI y de la ONU.

    Reclaman también "leyes generales sobre tortura y desaparición forzada, que darían una importante señal sobre el real compromiso de México".

    El Estado mexicano debe indagar y sancionar a todos los responsables de las acciones y omisiones referidas por el GIEI, empezando por quienes perpetraron, "por acción u omisión, las aberrantes violaciones a los derechos humanos ocurridas en septiembre de 2014", y los indicios de tortura y otros abusos durante las investigaciones.

    El GIEI –cuyo mandato termina el 30 de abril– lo integran la colombiana Ángela Buitrago, quien logró la condena de dos generales por la histórica masacre del Palacio de Justicia de Colombia; y el chileno Francisco Cox, quien trabajó en el proceso de extradición del dictador Augusto Pinochet a Chile.

    Además, lo forman la exfiscal Claudia Paz y Paz que llevó ante la justicia al dictador de Guatemala al general Efraín Ríos Mont, por crímenes de lesa humanidad, y el colombiano Alejandro Valencia y el español Carlos Martín Beristain, ambos asesores de las comisiones de la Verdad para Ecuador, Paraguay y Perú, mientras Beristain fue además redactor del informe Guatemala Nunca Más.

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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)

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    Etiquetas:
    derechos humanos, desaparición forzada, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), CIDH, México, Ayotzinapa
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