El Gobierno se niega a asimilar las bacrim con los paramilitares, ya que eso significaría otorgarles estatus político "que no puede dárseles, dado que su único fin es el lucro a través de empresas criminales", dijo este mes al diario local El Tiempo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas.
Los paramilitares fueron grupos de ultraderecha, armados y alentados por empresarios, militares y políticos para combatir a las guerrillas izquierdistas en las décadas de 1980 y 1990.
Muchos de ellos eran también narcotraficantes; cometieron graves masacres y se desmovilizaron parcialmente entre 2004 y 2006 en unas polémicas negociaciones con el Gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010).
Para el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) no deberían supeditar la firma de un acuerdo a la erradicación del crimen organizado o paramilitarismo, ya que "para eso hay respuestas en términos de garantías por parte del Gobierno".
El ministro Villegas ha dicho incluso que "las FARC están usando el fantasma del paramilitarismo para dilatar su decisión de firmar la paz".
La guerrilla sostiene en cambio que el paramilitarismo está en expansión por todo el país, pese a que el ministro "no lo ve".
En las últimas semanas aumentaron los asesinatos selectivos en nueve de los 32 departamentos, la mayoría contra líderes sociales, sostuvo el 20 de este mes la Defensoría del Pueblo.
A su vez, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sostuvo que entre enero y abril, 17 personas fueron asesinadas por temas relacionados con derechos humanos y restitución de tierras.
Sin embargo, para Restrepo "cualquiera que quiera acreditar un negocio criminal puede ponerle esa 'marca', pero en realidad no es una organización de la cual se haya podido demostrar que tiene una estructura organizada, una cabeza única o que sus integrantes sean los mismos de antes".
La pelota parece estar en el terreno del Gobierno, encargado de tomar medidas para apaciguar la violencia y dar garantías a los líderes sociales y a los guerrilleros que se desmovilicen.
"Colombia tiene una de las fuerzas militares más robustas del mundo para combatir a estas organizaciones militarmente; no se puede plantear de ninguna manera que esta gente le vaya a ser contrapeso a la institución y obstaculizar la búsqueda de la paz", dijo a Sputnik Nóvosti el diputado Federico Hoyos, del partido derechista Centro Democrático del expresidente Uribe.
El partido de Uribe
El senador Cepeda señala que estos delitos se exacerbaron luego de la detención el 29 de febrero del hacendado Santiago Uribe, hermano del expresidente y senador Uribe y acusado de crear grupos paramilitares en los años 90.
Uribe y el Centro Democrático son tenaces opositores de las negociaciones de paz con las FARC.
"Es bastante contradictorio que se diga que grupos criminales que nosotros hemos denunciado, que hemos instado al Gobierno para que los combata… ahora vengan a querer vincular esas estructuras criminales con nuestro partido", protestó el diputado Hoyos, del Centro Democrático.
"Eso es una infamia y una injusticia", subrayó, pues "no hay vínculo ninguno entre la criminalidad y las ideas que se defienden desde esta orilla política".
El 23 de este mes, la Defensoría del Pueblo denunció asimismo que 3.000 personas fueron desplazadas en el noroccidental departamento del Chocó, donde actúa otra bacrim, el Clan Úsuga.
