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    Desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala (75)
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    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha puesto fin este viernes a la misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la masacre de estudiantes Ayotzinapa, debido a la negativa de México a otorgar su anuencia a una extensión del mandato.

    "Dada la naturaleza del acuerdo de asistencia técnica, en la que es indispensable la anuencia del Estado, la CIDH considera que no están dadas las condiciones para continuar el mandato del grupo" de expertos que termina el 30 de abril próximo, dijo el organismo autónomo de la Organización de Estados americanos (OEA) en un comunicado emitido en Washington.

    La CIDH tomó esa decisión al terminar su 157º período ordinario de sesiones, celebrado del 2 al 15 de abril de 2016, en el cual tuvo reuniones, privadas y por separado, con una alta delegación del Estado mexicano, representantes de los familiares –que pedían la extensión del mandato–, y con los miembros del GIEI.

    El grupo de cinco expertos de España, Colombia, Chile y Guatemala –protagonistas de otros casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos en el Continente–, ha trabajado desde más de un año en México, coadyuvando en las investigaciones del paradero de 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural de maestros de Ayotzinapa, tras una masacre perpetrada por policías aliados con sicarios del crimen organizado, la noche del 26 de septiembre en la ciudad de Iguala, Estado de Guerrero.

    La CIDH “lamenta profundamente que el Estado mexicano haya manifestado su posición de no prorrogar el mandato del GIEI y poner fin al acuerdo a pesar de que los objetivos del mismo permanecen incumplidos, principalmente la ubicación de los estudiantes desaparecidos”, dijo el organismo que encabeza James Cavallaro.

    Un nuevo mecanismo especial

    Ante el anuncio unilateral adelantado por el Gobierno de México la noche del miércoles pasado, el presidente de la CIDH respondió con diplomática molestia que "la decisión última sobre la renovación o no del mandato no es materia del Estado mexicano, sino que corresponde a la CIDH en consulta de la CIDH con las partes".

    Por consiguiente, este viernes, la CIDH ha anunciado, que "ha tomado la decisión de establecer un mecanismo especial de seguimiento hasta lograr el cumplimiento de los objetivos y recomendaciones establecidos tanto en la medida cautelar como en los informes del GIEI".

    Ese nuevo mecanismo especial, ha sido tomado "teniendo en cuenta los hallazgos realizados por el GIEI, tomando en consideración la posición de los familiares de los desaparecidos, teniendo presente las facultades de monitoreo de la CIDH y la medida cautelar vigente"

    Finalmente esa nueva medida, ha sido adoptada "dada la imperiosa necesidad de continuar vigilantes en este asunto".

    Los familiares de los estudiantes solicitaron a la CIDH la renovación del mandato del GIEI "hasta que se determine la verdad de lo ocurrido, se esclarezca el paradero de los estudiantes y se haga justicia".

    El padre de uno de los estudiantes desaparecidos habló con la CIDH en pleno y dijo: "Les pido de corazón que el GIEI siga llevando el caso. La verdad la dirán los muchachos cuando aparezcan".

    Por su parte, la delegación del Estado mexicano "valoró positivamente los aportes del GIEI en la investigación", aunque admitió que "aún no se ha determinado el paradero de los estudiantes".

    Pero el Gobierno de Enrique Peña expresó su voluntad unilateral "de concluir el acuerdo de asistencia técnica", solicitó el informe final con las recomendaciones y aceptó que el organismo autónomo de la OEA "haga seguimiento al asunto en el marco de sus competencias", dice la CIDH.

    Queda en evidencia de esta manera, el profundo desacuerdo entre el Gobierno mexicano y la CIDH, que defendía un mandato tomado por acuerdo de consenso entre las partes, de manera que su terminación o extensión no podía realizarse en forma unilateral.

    El GIEI llegó a México cuando el Gobierno de Peña enfrentaba desesperadamente el rechazo a las desprestigiadas instituciones policiales y de procuración de justicia en el país latinoamericano.

    El Gobierno de México llamó a expertos de la comunidad internacional "para beneficiarse de su credibilidad a sabiendas de que nadie le creía a sus investigadores gubernamentales" ha escrito en una columna el excanciller mexicano Jorge G. Castañeda.

    Durante 18 meses las conclusiones de los expertos chocaron con los investigadores federales "hasta que el Gobierno decidió callar al mensajero, en lugar de escuchar su mensaje, esa decisión le costará cara a Peña", dijo el exjefe de la diplomacia mexicana (2000-2006).

    El GIEI lo integraron: la colombiana Ángela Buitrago, quien logró la condena de dos generales por la masacre del Palacio de Justicia de Colombia de 1985, el chileno Francisco Cox, quien trabajó en la extradición del dictador Augusto Pinochet a Chile, la exfiscal Claudia Paz, que llevó ante la justicia al dictador de Guatemala, general Efraín Ríos Mont, el colombiano Alejandro Valencia y el español Carlos Martín Beristain, ambos asesores de las Comisiones de la Verdad para Ecuador, Paraguay y Perú.

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    Etiquetas:
    derechos humanos, desaparición forzada, Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), CIDH, Ayotzinapa, México
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