El anuncio ha sido hecho en una conferencia de prensa conjunta del subsecretario federal de DDHH, Roberto Campa, el Subprocurador federal, Eber Betanzos, y el vicecanciller Miguel Ruiz, tras una reunión con cinco especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH, organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Creemos que ha transcurrido un tiempo suficiente, un poco más de un año porque además hubo dos meses de una etapa intermedia dictada por el GIEI, ha transcurrido más de un año y es tiempo de que el GIEI presente las conclusiones y presente las recomendaciones al estado mexicano”, sentenció Campa.
Se trataba de “un periodo conclusivo de seis meses, y así fue como el Estado mexicano solicitó a la CIDH ampliar a un segundo mandato de seis meses que concluye el último día de este mes”, enfatizó Campa.
Sin embargo, el presidente de la CIDH, Jame Cavallaro ha respondido desde Washington que la decisión última sobre la renovación o no del mandato no es materia del Estado mexicano sino que “corresponde a la CIDH”.
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El acuerdo “vigente” por el que se estableció el GIEI a finales de 2014 establece que su mandato “podrá extenderse por el tiempo necesario para el cumplimiento de su objetivo, en consulta de la CIDH con las partes”, dijo Cavallaro en un comunicado que rebate el anuncio gubernamental.
Un grueso expediente
El subprocurador Betanzos dijo que hay un amplio expediente sobre la masacre perpetrada por narcos y policías aliados la noche del 26 de septiembre y la madrugada siguiente de 2014, al atacar cinco autobuses repletos de jóvenes de la escuela rural de Ayotzinapa con saldo de siete muertos, 25 heridos y 43 estudiantes desaparecidos.
“Hay 136 consignados, 111 personas detenidas, más de 1.500 acciones de búsqueda, más de 1.500 dictámenes periciales de diverso índole y sobre todo, el desahogo de las diferentes solicitudes que ha planteado este grupo de expertos”, detalló.
Sin embargo, Mexico se limitará a “rendir informes sobre el cumplimiento de las medidas cautelares, y sobre aspectos específicos que puedan surgir, si la Comisión así nos lo solicita”.
“Llegó el momento —prosiguió—, después de un poco más de un año, de que el Grupo presente de manera final, conclusiones y recomendaciones”, insistió Campa.
El esquema de colaboración en la investigación “no fue ideado nunca como un esquema permanente, fue planteado siempre como un esquema temporal, y a partir de esta naturaleza, creemos que rinde frutos importantes”, terminó.
Por lo tanto, la CIDH “está estudiando los insumos recibidos”, y para tomar “su decisión sobre la extensión del mandato” espera poder participar en la reunión en la capital mexicana con el GIEI, el Estado y los familiares a celebrarse antes del 24 de abril, la fecha en que los expertos presentarán sus conclusiones finales.
El GIEI lo integran: la colombiana Ángela Buitrago, quien logró la condena de dos generales por la masacre del Palacio de Justicia de Colombia de 1985, el chileno Francisco Cox, quien trabajó en la extradición del dictador Augusto Pinochet a Chile, la exfiscal Claudia Paz, que llevó ante la justicia al dictador de Guatemala, general Efraín Ríos Mont, el colombiano Alejandro Valencia y el español Carlos Martín Beristain, ambos asesores de las comisiones de la Verdad para Ecuador, Paraguay y Perú.
