El objetivo de la investigación será "conocer qué ha pasado con las personas naturales y jurídicas que aparentemente estarían involucradas en hechos que podrían ser legales o ilegales", declaró el presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, reseñó la agencia oficial Andes.
Las comisiones comenzarán por solicitar información a los órganos competentes, como el Servicio de Rentas Internas (SRI), la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Compañías y la Contraloría General del Estado, entre otros.
Las averiguaciones se harán "para conocer qué ha sucedido con esos recursos económicos porque se podría hablar de una posible evasión fiscal o de posibles delitos", señaló el asambleísta Andino, del gobernante partido Alianza País.
Una filtración informática de 11,5 millones de documentos del estudio panameño Mossack Fonseca es analizada por una red global de casi 200 periodistas pertenecientes al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) que han publicado desde el 3 de este mes informaciones en decenas de medios de comunicación de todo el mundo.
Los llamados papeles de Panamá muestran cómo políticos, empresarios y personalidades del mundo del espectáculo, la cultura y el deporte han desarrollado sociedades opacas en paraísos fiscales con ayuda de Mossack Fonseca, una de las cinco principales empresas dedicadas a crear este tipo de instrumentos, habitualmente empleados para evadir impuestos y lavar dinero.
En Ecuador, uno de los nombres que más trascendió fue el del fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, quien debió aclarar su relación con una sociedad opaca que aparece en los datos filtrados.
El fiscal, muy cercano al presidente Rafael Correa, explicó que la sociedad fue creada en 1999 para la compra de un inmueble y hace años que se encuentra sin actividad.
Además, Chiriboga exhibió en una entrevista en el canal televisivo Ecuavisa el pago de los impuestos correspondientes, reseñó El Universo.
Correa dio muestras de indignación hacia los involucrados en estos documentos y también hacia la decisión del ICIJ de no publicar los documentos ni de entregarlos a los Gobiernos ni a los sistemas judiciales que podrían reclamarlos para iniciar investigaciones.
