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    El regreso a México a salvo del ambientalista Gustavo Castro Soto, único testigo del asesinato de la dirigente indígena Berta Cáceres en Honduras, es un paso hacia el esclarecimiento del caso, dijo este viernes un defensor del exsacerdote jesuita.

    CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — En términos de seguridad la embajada de México, donde estuvo refugiado Castro Soto "tuvo una actuación muy responsable y muy cercana", dijo Edgar Cortez, director del Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD), quien asistió a la familia del fundador de la organización Otros Mundos — Amigos de la Tierra México, sobreviviente herido del atentado, perpetrado el 3 de marzo pasado en una comunidad del suroeste del país centroamericano.

    Afirmó que "a todos los que hemos estado siguiendo el caso, nos interesa sostener la exigencia al Gobierno y la Fiscalía de Honduras y a la Fiscalía que esclarezca el homicidio de Berta", que fue perpetrado posiblemente por causas relacionadas con su actividad como defensora del ambiente de las comunidades lencas del sur de Honduras, por lo cual recibió en 2015 el Premio Goldman en Washington.

    Asimismo, hay que hacer un reconocimiento a los funcionarios diplomáticos, la embajadora y el cónsul, dijo el líder del organismo civil, también un exjesuita, quien mantuvo comunicación con la familia y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México durante casi un mes que la Fiscalía impidió salir del país centroamericano al testigo.

    "Nos alegra muchísimo que este de regreso en México, sin embargo, si se hubieran hecho mayores diligencias oficiales, Gustavo habría regresado por lo menos dos semanas antes, que fueron innecesarias, sometido a la presión y a la distancia de su familia", dijo el abogado de víctimas de violaciones a los DDHH.

    Batalla legal por la verdad

    La buena noticia del fin de un episodio de la batalla legal contra la Fiscalía que incluso impidió que Castro Soto abordara un avión a su país, “pudo haber llegado con anticipación, dijo Cortez.

    Destacó que con este caso “vemos que tratados firmados con base en la buena voluntad y disposición de cumplirlos, a la hora de un cumplimiento concreto enfrentan dificultades”, como el tratado de cooperación bilateral en materia de asistencia jurídica, invocado por los abogados de Castro Soto para que el sobreviviente continuara colaborando con la justicia desde México.

    La Fiscalía hondureña “debe investigar la responsabilidad de la empresa y sus funcionarios que podrían estar vinculados con acciones ilegales”, dijo Cortez, al referirse a la represa hidroeléctrica contra la cual Cáceres batalló.

    Como en otros casos, “las empresas contratan seguridad privada que se salen de control y convierten en sicarios, como fue el caso del dirigente Chico Méndez en Brasil”, quien fue víctima de empresarios privados que protegen sus negocios “agrediendo e incluso asesinando a defensores del medio ambiente”, dijo el IMDHD.

    Igual que Berta Cáceres, Méndez, un recolector de caucho, sindicalista y activista ambiental brasileño, fue asesinado mientras luchaba de manera pacífica contra la extracción de madera en el Amazonas.

    También existe “una responsabilidad de los gobiernos de los países originarios de los capitales y de las empresas que invierten en esas empresas, porque existen tratados (que se debe respetar), y un grado de involucramiento (de las empresas) para obtener máximas ganancias".

    Cáceres cofundó en 1993 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH para defender el ambiente y recursos naturales de las comunidades de la etnia lenca.

    La campaña de Cáceres y su ONG –a la cual apoyaba el sociólogo mexicano Castro Soto- logró que uno de los mayores constructores de represas a nivel mundial, estatal china Sinohydro, se del proyecto hidroeléctrico, y que el Banco Mundial también lo abandonara.

    Entre 2002 y 2014 se produjeron 111 asesinatos de activistas ambientales en Honduras.

    El pasado 13 de marzo, las autoridades hondureñas intervinieron por orden judicial la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), encargada de una obra hidroeléctrica a la cual se oponen grupos ecologistas y originarios de esa zona natural.

    En el allanamiento "se han decomisado armas y secuestrado documentos, y tomado declaración testifical a empleados, como parte de las líneas de investigación que se sigue en este caso”.

    De haber indicios suficientes se complementarán con la prueba científica para posteriormente presentar las acciones correspondientes ante las autoridades competentes, anuncia la autoridad hondureña.

    La secretaría general de la Organización de Estados Americanos, la Comisión de DDHH de la ONU, y la Comisión Interamericana de DDHH, entre otros organismos, pedía que Castro Soto regresara a México, porque en Honduras corría peligro su vida.

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    Instituto Mexicano de DDHH y Democracia (IMDHD), Gustavo Castro Soto, Berta Cáceres, Edgar Cortez, Honduras, México
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