CARACAS (Sputnik) — La Sala Constitucional del Supremo "declaró que la ley sancionada por la Asamblea Nacional contraviene la Carta Magna, por cuanto pretende atribuirle al parlamento competencias para designar, ratificar y remover al presidente y demás directores" del Banco Central, informó el máximo tribunal en un comunicado este viernes.
Además, el parlamento "incurrió en desviación de poder (…) por cuanto se develó que el objetivo buscado es tomar el control administrativo del instituto emisor, con lo cual se atenta en contra de la autonomía del Banco Central y, en consecuencia, contra la estabilidad de la economía nacional", asentó la resolución del Supremo.
La reforma de Maduro, ahora de nuevo en vigor, eliminó la representación del parlamento en el directorio del Banco Central, autorizó la omisión de indicadores económicos por parte del ente y mantuvo su facultad para emitir dinero en respaldo a políticas del Ejecutivo.
La Asamblea había acentuado la prohibición constitucional de que el Banco Central pueda financiar el déficit presupuestario, disponía la participación del parlamento en la designación del presidente del instituto —siempre reservada al Ejecutivo- y lo obligaba a publicar indicadores de inflación, consumo y escasez, entre otros datos.
Durante 2015, el Banco Central no publicó indicadores de inflación y solo a comienzos de 2016 reveló que fue de 181 por ciento, la más alta del hemisferio.
El presidente de la Asamblea, el opositor Henry Ramos, deploró en cuenta de twitter la decisión del Tribunal y opinó que al anularse la reforma "habrá más inflación y desabastecimiento en Venezuela", afectada por recesión, carestía y escasez.
Al anular tsj reforma ley BCV habrá más inflación y más desabastecimiento. Gobierno y tsj cómplices delitos que destruyen a Venezuela.
— Henry Ramos Allup (@hramosallup) 1 апреля 2016 г.
Tras la sentencia sobre el Banco Central, se espera la decisión del Supremo sobre la constitucionalidad de otra polémica ley, de "Amnistía y Reconciliación", aprobada esta semana por el parlamento y fuertemente objetada por el Ejecutivo.