El presidente puede hacer observaciones pero no vetar la ley, mientras que el Tribunal Supremo de Justicia puede —según algunas interpretaciones— declararla inconstitucional.
La amnistía "es una competencia política exclusiva de la Asamblea Nacional, por lo que la Sala Constitucional del Supremo podría controlar aspectos de forma, pero no el fondo o la conveniencia de la ley", opinó a Sputnik Nóvosti el jurista José Hernández, profesor de leyes en las universidades Central y Católica Andrés Bello de Caracas.
En cambio, el abogado Jesús Silva, del gubernamental Partido Socialista Unido, dijo a Sputnik Nóvosti que el Supremo "puede controlar esa ley porque la Constitución prohíbe amnistías en caso de delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos".
El Gobierno niega la existencia de presos políticos, y en su lugar sostiene que hay procesados o condenados por delitos de homicidio, drogas, destrucción de bienes públicos, estafa o corrupción cometidos bajo el paraguas de campañas de la oposición.
En la discusión parlamentaria, el bloque oficialista, minoritario, votó contra la ley pues "estamos en presencia de una reedición del autoperdón. Los verdugos perdonándose a sí mismos, desconociendo a las víctimas", según dijo el diputado Pedro Carreño.
La ley cubre delitos y procesos por diversas causas asociados a hechos políticos en los que participaron opositores durante los últimos 15 años, y si todos los casos prosperan quedarían en libertad unos 70 individuos actualmente tras las rejas.
Según el presidente de la Asamblea, Henry Ramos, el Tribunal Supremo trabaja a marchas forzadas para detener e invalidar la amnistía y otras leyes recientemente aprobadas por la mayoría opositora en el parlamento.
La amnistía fue una oferta central de la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática durante la campaña para la elección parlamentaria del pasado diciembre, en la que consiguió el 57 por ciento de los votos y dos tercios de los escaños.
