CIUDAD DE MÉXICO (Sputnik) — La CIDH "rechaza en forma contundente la averiguación previa" iniciada contra Alvarez por la Procuraduría General de México, por un presunto delito de "fraude en prejuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI".
La denuncia ha sido presentada en el marco de una campaña en contra de la CIDH que colabora en esclarecer la desaparición de 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, masacrados por policías y narcotraficantes cómplices, en 2014, en el estado de Guerrero, y ataques contra otros defensores de derechos humanos.
El organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos señala que su secretario ejecutivo actuó en representación del Secretario General de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, a través de la figura de "delegación de firma".
Conforme a las reglas de la OEA, la contribución financiera voluntaria del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General del organismo.
La CIDH expresa su "consternación, y considera inadmisible la apertura de una averiguación previa" por parte de la Fiscalía federal mexicana sobre la base de una denuncia "que por no contener ningún hecho constitutivo de delito, resulta temeraria e infundada".
La denuncia en contra de la CIDH asegura que, con el argumento de incorporar a un grupo de expertos en distintas materias criminalísticas, "con la promesa de que cumplirían los más altos estándares internacionales y las mejores prácticas regionales, y que tendrían carácter de independientes, Álvarez Icaza engañó al Gobierno de México".
La denuncia afirma que el titular de la CIDH "convocó a participar, con pleno conocimiento de los antecedentes, a personas que en sus anteriores trabajos y funciones desempeñadas y mandatos gubernamentales faltaron a la verdad, a la probidad legal y violaron distintas leyes en sus países respectivos".
El acuerdo de asistencia técnica con expertos de Colombia, España, Chile y Guatemala fue firmado en 2014 por la CIDH, los representantes de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y el Estado mexicano, representado por la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República (PGR). Fueron estas mismas partes las que expresaron su acuerdo con la selección de los y las cinco expertos y expertas que constituyen el GIEI.
El informe de investigación y primeras conclusiones del GIEI, presentado el 6 de septiembre de 2015, señala irregularidades, inconsistencias y/o ausencias en la investigación de los hechos por parte de las autoridades estatales mexicanas,
En particular, el GIEI de la CIDH cuestiona "la versión histórica" de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de México, Jesús Murillo, y concluyó que los estudiantes no pudieron haber sido incinerados en el basurero del pueblo de Cocula, vecino de Iguala, donde ocurrió la masacre.
La comisión de la OEA expresa además su "confianza absoluta en la probidad de su Secretario Ejecutivo", tanto en relación con el tema específico de esta infundada denuncia, como en toda su gestión a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
