CARACAS (Sputnik) — "No tenemos ninguna duda en calificarla como la sentencia del miedo, porque trata de relevar a funcionarios civiles y militares de su deber de informar al parlamento lo que aquí les preguntamos y no quieren revelar", dijo Ramos en conferencia de prensa.
La Sala Constitucional del Supremo dictaminó el pasado martes que el parlamento solo puede citar a funcionarios del Ejecutivo en coordinación con el vicepresidente, y no está en capacidad de controlar a los magistrados de los poderes Judicial, Electoral y Ciudadano (Fiscal, Contralor y Defensor del Pueblo).
El control sobre los militares debe limitarse a lo que indique el informe anual que cada mes de enero presenta el presidente de la República, que es el comandante en jefe.
Decenas de militares activos desempeñan cargos en la administración pública, incluyendo ministerios como Interior y Justicia, Energía Eléctrica y Alimentación, además de Defensa.
Además, según la sentencia, el parlamento queda inhabilitado para examinar la decisión de la anterior legislatura (2010-2015), que el pasado Diciembre cambió a 13 de los 32 miembros del Tribunal, incluidos tres de los siete integrantes de la Sala Constitucional.
El diputado oficialista Pedro Carreño saludó la sentencia del Supremo pues "le aguó la fiesta a la oposición, se les acabó el circo y en lo sucesivo solo harán boxeo de sombra (pelear sin contrario) cuando traten de salirse del marco constitucional".
Venezuela vive una confrontación de poderes con el telón de fondo de una crisis económica marcada por alta inflación y escasez de bienes esenciales, y la tesis opositora de que debe acortarse el mandato (2013-2019) del presidente Nicolás Maduro.
