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    Plantean ante Congreso de México reconsiderar la guerra contra las drogas

    CC BY 2.0 / Jordi Bernabeu Farrús / Documenting Drug Addiction in Kabul
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    La guerra contra las drogas ha fracasado y debe ser reemplazada por un enfoque de salud pública coincidieron expertos convocados por el Congreso en el primer día de debates sobre una nueva legislación sobre el uso de la marihuana.

    La legislación sobre consumo de marihuana establezca las bases de una nueva política contra las drogas que priorice la protección a la salud de la población y revierta la visión meramente policiaca, persecutoria y de "guerra", que sólo ha derivado en el grave incremento de muertes por homicidio, dijo la presidenta de la Comisión de DDHH del Senado, Angélica de la Peña.

    La legisladora encabezó la mesa sobre "Regulación en el consumo, autoproducción y derechos humanos", que abrieron las audiencias públicas para las alternativas de regulación de la marihuana

    Los especialistas destacaron la prioridad de que se garanticen los derechos y libertades de decisión de las personas, dijo la legisladora de izquierda al resumir el debate.

    La denominada "guerra contra estupefacientes sólo ha criminalizado a los consumidores y ello se hace evidente en las multas por posesión de más de cinco gramos de mariguana", que van de los 23.000 dólares a los 47.000 dólares (de 435.000 a 875.000 pesos), dijo el académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Alejandro Madrazo.

    El 60 por ciento de los presos en México son personas detenidas por delitos de narcotráfico, pero no se trata de grandes traficantes, un 28 por ciento es por posesión y 32 por ciento por transporte, es decir "mulas" (minoristas), dijo el experto.

    En el año 2012, fue sentenciada por marihuana la cuarta parte de los presos 10.306 de un total de unos 40.000 presos federales: "el grueso de los recursos se invierte en perseguir a poseedores, de los que el 41 por ciento es por posesión de este enervante con un costo de menos de 500 pesos", dijo el analista.

    En 2010, unos 10.000 estaban derivados de la política contra las drogas, en tanto que oficialmente se reconocieron únicamente 70 fallecimientos por consumo de drogas: "el combate al consumo de estupefacientes está equivocado, concluyó" Madrazo.

    A su turno Luisa Conesa Labastida, abogada constitucionalista, sostuvo ante los congresistas que la regulación del cannabis debe considerar "la criminalización o seguridad pública; el uso recreativo; el uso industrial y el aspecto de la salud".

    En el debate hay muchos derechos en juego, favorecer a uno implica desfavorecer a otros, explicó.

    "Los derechos y libertades de los ciudadanos no deben estar a debate, modificar políticas públicas para el bienestar del pueblo es una responsabilidad del Congreso", dijo la jurista.

    "La guerra contra las drogas ha fracasado, se requieren cambios en la estrategia, se tienen las herramientas necesarias para realizarlos y lo único que hace falta es la voluntad política para lograrlos", dijo a los diputados y senadores Zara Snapp, analista de la Comisión Global sobre Política de Drogas.

    La experta dijo que la legislación debe buscar reducir los impactos negativos de la marihuana, "establecer una regulación responsable, la descriminalización de los consumidores es el primero paso, pero no es suficiente".

    "Se practica una justificación de violaciones graves a los derechos humanos bajo el argumento del control de drogas y el combate frontal en contra del crimen organizado, pero no estamos controlando nada y estamos en el peor momento desde hace 10 años", dijo Snapp.

    Una política de droga debe considerar derechos a libertad individual: "se refiere al libre desarrollo de la personalidad, la privacidad, la autonomía, salud, seguridad pública, información y educación".

    El grupo parlamentario del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD, centroizquierda), se pronunció por "romper paradigmas para elaborar una política pública bajo un enfoque de salud, de derechos y libertades", dijo el diputado Juan Fernando Rubio.

    Un consejo técnico de expertos y funcionarios federales ha sido establecido por el Congreso de México para emitir en 2016 un informe sobre las implicaciones de la regularización de la marihuana para fines médicos y recreativos, luego de que la Suprema Corte lo autorizó a un grupo de consumidores que apelaron la prohibición del Gobierno.

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    marihuana, drogas, Centro de Investigación y Docencia Económica de México (CIDE), Zara Snapp, Luisa Conesa Labastida, Alejandro Madrazo, Angélica de la Peña, México
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